Acompañados de FORPP enfrentan desplazamiento

Acompañados de FORPP enfrentan desplazamiento

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53 familias están en riesgo de desalojo inminente de sus fincas en las afueras de Barranquilla para abrir paso a proyectos comerciales. No existen medidas para proporcionar compensación y, después de haber recibido amenazas de muerte, la comunidad está contando con apoyo nacional e internacional. Amnistía Internacional tiene una acción urgente para recoger respaldo internacional para los campesinos.

En el calor del mediodía, un hombre levantó un manojo de muelles carbonizados tirados en medio de la finca el Tamarindo, una propiedad de 120 hectáreas al lado de la carretera entre Barranquilla y Bogotá.

Esto fue mi cama,” él dijo.

Los otros restos de la finca que no fueron quedamos han sido empujados por excavadoras mecánicas para formar el montículo de cenizas en la cual el hombre estaba parado; un marco de silla roto, tubería, ladrillos regados, ramas carbonizadas de los árboles de ciruela y limón que él había sembrado.

Una vía de tierra conecta Tamarindo a la Ruta del Sol, todavía delineada por un lado con árboles plátano, mango y ciruela, con matas de sandia y yuca, y con las granjas de madera que la rodeaban antes. Este pedazo de 33 hectáreas es todo que queda después de los tres desalojos ocurridos hasta ahora y actualmente está lleno con los campesinos despejados del otro lado de la vía, quienes buscaron refugio en las tierras de sus vecinos anteriores.

Este terreno, 0.45 hectáreas por familia, es inadecuado para alimentar a a los quienes están ahora confinados en el nuevo espacio, pero sin cualquier tipo de compensación, los despojados tuvieron que elegir entre quedarse en el Tamarindo o enfrentar los riesgos de una vida en la ciudad. Ahora este pedacito de tierra, el último predio del Tamarindo, está por ser desalojado.

Algunas de las autoridades locales han dicho a los campesinos restantes que el desalojo final sucederá “inminentemente.” No hay medidas establecidas para mantener a los desplazados, y es probable que no habrá tierra proporcionada a los que van a ser desalojados.

Pero los campesinos no va a aceptar un destino así de manera pasiva. Juan Martínez es el representante legal de ASOTROCAMPO, la alianza de campesinos acompañados por FOR Presente por la Paz en el Tamarindo. Ellos han declarado los propiedades restantes como un ‘espacio humanitario temporal’ que reivindica los derechos de los habitantes restantes para ser reasentados en una manera colectiva y digna:

“Lo que hemos dicho es que tiene que haber un poco de voluntad política, de la institución territorial, para buscar una solución a la problemática. Hay tierra, hemos visto tierra, en el departamento de Atlántico, hemos dicho a la Alcaldía, la Gobernación, hay tierra, ustedes gestionen ante lo nacional para que compren estas tierras y nosotros seamos reubicados y soluciona la problemática. Pero el distrito dice que no tiene tierra para nosotros.”

Para Martínez, existe un impedimento clave al desalojo final:

En este momento la Alcaldía no puede seguir con una diligencia de desalojo, sin antes concertar con las víctimas como estipula la Ley 1448. Si la Alcaldía dice que solo tiene esas casas, está violando la ley y los derechos de las víctimas.”

Más de 80% de los habitantes del espacio humanitario han sido registrados como víctimas del conflicto armado, pero según unos miembros de la comunidad, la resultado más probable es otro desalojo sin compensación, la cual sería una violación reiterada de sus derechos como víctimas. Los desalojos anteriores involucraron el ejército y la policía antidisturbios ESMAD con colaboración de presuntos paramilitares. Martínez ha recibido amenazas de muerte  de los grupos paramilitares las Águilas Negras y los Rastrojos, insistiendo en que él deje la tierra.

La ley internacional requiere que los desalojos sean ejecutados con consultación y aviso previo, pero según Amnistía Internacional, en noviembre 2013, “Las fuerzas públicas y otros hombres armados, con presuntos vínculos con los paramilitares, llegaron” al Tamarindo y botaron muchos de la comunidad; no hubo aviso previo.

La violencia y la falta de consultación no son las únicas irregularidades en el despeje de las fincas: La Organización de las Naciones Unidas dice que el desalojo forzado es “incompatible con los requisitos del Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y solamente puede ser justificado bajo las circunstancias de más excepcionales, y en acuerdo con los principios relevantes de la ley internacional.”

Las circunstancias alrededor de los desalojos del Tamarindo no son nada claras, así que es imposible verificar la necesidad ‘excepcional’ de despojar los campesinos. Los primeros pasos para desalojar los campesinos fueron iniciados por figuras de negocios locales en 2008, cuando reclamaron los títulos a la propiedad. Sin embargo, ASOTROCAMPO sostiene que las tierras en cuestión fueron abandonadas en el conflicto y que los campesinos empezaron a colonizarlas de buena fe en 1991. Como consecuencia, los colonizadores lograron registrar los predios con el agencia de restitución de tierras de Colombia.

El acontecimiento verdaderamente ‘excepcional’, según los campesinos restantes, fue el establecimiento de la Zona Franca de Barranquilla en 2007, lo cual subió los precios locales de tierra a 3 mil millón de pesos por hectárea y incentivó a los desarrolladores a quitarles tierra de los vulnerables.

El campesino quien antes paró en los restos de su casa había caminado de este montículo de cenizas a visitar unos de las fincas restantes para hablar en la sombra de las casas. Cada parcela sembraba frutas o yuca, pero en adición todos producían algo para vender en Barranquilla: uno preparaba carbón, otra tejaba hamacas, mientras otra criaba aves. Este trabajo trae fondos cruciales para pagar el transporte para la educación de los niños y comprar algo de lo que no se produce localmente, pero es una economía de escala distinta a la de los nuevos negocios que llegaron en la zona tras el establecimiento de la Zona Franca.

Si crecimiento tan rápido desplaza las fincas de las 24 hectáreas restantes, y si es posible negociar un acuerdo al conflicto sobre las tierras del Tamarindo, dirá mucho sobre el posible futuro de los derechos humanos en reducir o mitigar el desplazamiento en Colombia. El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno calculó que en diciembre de 2014, había 6,044,200 personas desplazadas internamente en Colombia, pero muchos en el Tamarindo mantienen la esperanza que su resistencia servirá no solamente para asegurar que sus modos de vida puedan ser recreadas con el reasentamiento, pero también para asegurar que en el futuro los derechos de los en el camino de megaproyectos sean respetados.

Lectura complementaria:

UN Office of the High Commission for Human Rights: Forced Evictions and Human Rights http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet25en.pdf

Amnesty International: Colombia: A Land Title is not Enough: Ensuring Sustainable Land Redistribution in Colombia
https://www.amnesty.org/en/documents/amr23/0031/2014/en/

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