“No podíamos resistir más”

“No podíamos resistir más”

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El siguiente artículo fue escrito por el periodista Robin Llewellyn y publicado en International Cry Magazine (IC) el 17 de septiembre de 2015. Trata de miembros desplazados de los Wounaan, un pueblo indígena del Valle del Cauca que nuestrxs socixs de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) acompañan desde Buenaventura. Reproducido con permisión.

Entrevistas con indígenas desplazados del pueblo Wounaan

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Photo: Robin Llewellyn

Es muy fácil para los niños del pueblo Wounaan encontrar diversión en el estadio abandonado de baloncesto de Buenaventura, la ciudad más grande de la Costa Pacífica de Colombia. Algunos persiguen palomas que intentan instalarse en las tribunas para descansar mirando por arriba de los techos las islas del mangle y la selva, que impide la vista al mar. Otros saltan lazo mientras dos hermanos montan ponis de juguete de colores vivos debajo de las tribunas atrás de una tela de plástico que brinda a cada familia su privacidad.

El desplazamiento de su territorio les ha cobrado un cruel costo. Dos niños murieron desde que la comunidad de Unión Aguas Claras ha sido forzada a huir hace diez meses: un niño de un año, Neiber Cárdenas Pirza, murió de diarrea y vomito en diciembre pasado, y en junio la comunidad perdió un niño recién nacido de dos días.

Según una mujer Wounaan desplazada, son “todos los químicos” en su nueva vida que hay que culpar, además de una dieta inadecuada dada por las autoridades colombianas que trae una mayor vulnerabilidad frente a las enfermedades. El estadio de baloncesto es también menos higiénico que las casas de madera del territorio que fueron forzados a abandonar, dice ella.

Pero para otro Wounaan, eso esconde una causa más profunda:

No son sólo las enfermedades del Occidente que nos han puesto tan vulnerables. Es también causa de una enfermedad espiritual, por la pérdida de nuestra espiritualidad.

Afirma que la enfermedad mortal de junio fue prevista por el chaman que sin embargo fue incapaz de predecir si iba a matar a un adulto o un niño.

La comunidad estaba preparando una ceremonia el día siguiente en la cual convocaron sus espíritus para “ver” cómo las cosas iban en el territorio que habían abandonado desde hace nueves meses.

Las presiones contra ellos se han manifestado desde años, cuentan los Wounaan a IC, a través del conflicto armado, la exploración petrolera y el narcotráfico.

“El área es muy estratégico: el río marca la frontera entre territorios de las FARC y de los paramilitares, y es también el medio que usa el Ejército para moverse”, explica un Wounaan. “Ahora todo el río San Juan está militarizado”.

En 2008 ocurrió una masacre de seis indígenas en su territorio. En 2014, nos dimos cuenta que no podíamos resistir más; no podíamos movernos en nuestro territorio por causa de todos los actores armados que lo atravesaban, teníamos que quedarnos en nuestras casas.

En noviembre de 2014, el acoso ya no era limitado a su territorio. Una mujer Wounaan explica que un día “seis paramilitares llegaron y preguntaron para dormir en nuestro asentamiento pero la comunidad contestó que no podían; dijimos que nos reservábamos el derecho a decir no a todos los actores armados.”

Por la tarde, el cabecilla local de los paramilitares llegó a amenazar a la comunidad, alertándoles que su actitud sólo servía para entregar su territorio a otros grupos armados. Temiendo por su seguridad, la gente de Unión Aguas Claras decidieron irse juntos. Un total de 344 personas – 63 familias – embarcaron en lanchas antes del atardecer y bajaron el Río San Juan hasta el lugar donde se junta con el Río Calima. Desde allá, ganaron el estuario y siguieron la costa hasta Buenaventura, donde autoridades colombianas les colocaron en un estadio que resultó estar vacante desde hace poco. Poco antes de la llegada de los Wounaan, el estadio albergó a familias afrocolombianas y campesinas desplazadas por los combates en el Bajo Calima entre las Fuerzas Armadas y las BACRIM (“bandas criminales” nacidas en su mayoría de la desmovilización de los grupos paramilitares).

Ni una persona de la comunidad quedó atrás. Describiendo cómo la comunidad pescaba y cultivaba “yuca, bananos, pinas… todo”, una mujer Wounaan lamenta: “Ahora ya no quedará nada de nuestros cultivos; de regreso a nuestro territorio, todo será destruido.”

Cuando estaban en su territorio, todas las mujeres se reunían cada dos meses para preparar y tejer hilos de la palma Werregue, que transformaban en canastas y artesanías que vendían. La comunidad se juntaba para determinar los días de minga, el trabajo comunitario, que podía consistir en limpiar el territorio u organizar la siembra de semillas en sus granjas. También dicen que preservaban su cultura con mucho cuidado, hasta que una persona afirma claramente que “él que no habla Wounaan no es un Wounaan.”

El idioma Wounaan está ahora hablado en las más grandes ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín y Cali, donde muchos Wounaan llegaron después de haber sido desalojados de sus territorios del Pacífico, en los departamentos del Valle del Cauca y del Chocó. A lo largo de 2014, la Unidad Nacional de Víctimas de Colombia ha registrado 97,453 nuevos casos de desplazamiento forzado, la región Pacifica siendo una de las más impactadas.

Wellington Carneiro, de la oficina de Buenaventura del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dice que hubo “varios desplazamientos de comunidades indígenas Wounaan como Balsalito, Chachajo, Chamapuro, Buenavisto, Tio Cirilio y Aguas Claras, así que recientemente la comunidad Papayo. En total, más de 1000 personas han sido desplazadas desde el Bajo Río San Juan.”

La identidad de los grupos combatiendo para el control de los ríos San Juan y Calima no es muy clara. Las autoridades locales de Buenaventura respondieron inicialmente a la llegada de la comunidad afirmando que el desplazamiento de los Wounaan no respondía a una necesidad vital y que su territorio era seguro para el retorno.

Sin embargo, según Carneiro,

El Bajo Río San Juan es particularmente estratégico para los grupos armados debido a su acceso al mar y el tráfico de armas y drogas. Además, con la seguridad más intensificada implementada alrededor del puerto de Buenaventura, las vías a través del delta del San Juan se volvieron más atractivas. Hay varios grupos peleando por el control de la zona aparte de la Armada colombiana. Eso somete la población a la presión de los grupos armados para recoger información y se manifiesta por restricciones a la movilidad y otras amenazas en el contexto de la disputa por el control militar sobre el área.

Colombia sufre un conflicto entre dos redes de narcotráfico en competencia – los crecientes Urabeños y los Rastrojos en declive – que buscan monopolizar el transporte de la cocaína vía la Costa Pacífica. Confrontados a una presencia de los Rastrojos en Cali y Buenaventura, los ríos Calima y San Juan se han vuelto mas estratégicos dado que el San Juan está alimentado por el Río Capoma que provee una vía dentro del interior del país.

La zona ha también visto las BACRIM y grupos guerrilleros diversificar sus negocios a través de la minería ilegal, el comercio de madera y la agricultura. Según uno de los Wounaan desplazados, esas actividades de los grupos armados ilegales son sólo un aspecto de la guerra más amplia en contra de los territorios indígenas en Colombia. También advierte que este conflicto no cesará con la posible firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.

Seguiremos enfrentando guerra. Puede ser una guerra sin plomo contra los indígenas – una guerra psicológica, una guerra cultura o posiblemente también una guerra física… Sabemos que el proceso de paz abrirá las puertas a megaproyectos que llevaron inversiones internacionales dentro de nuestro territorio, por eso sabemos que la paz verdadera no llegará. Para los pueblos indígenas, la violencia no se acabará con el proceso de paz. El proceso de paz no resolverá nada para nosotros.

Las negociaciones de paz han sido llevadas en La Habana, Cuba, a pesar de la oposición sostenida del ex presidente Álvaro Uribe y su potente partido, el Centro Democrático. Se prevé que un acuerdo será anunciado en los próximos meses, seguido por una reelaboración de la Constitución nacional del 1991.

Otro Wounaan comenta,

Uribe propuso que la reforma constitucional debía profundizarse y la reforma constitucional seguirá probablemente un acuerdo de paz. Los indígenas están totalmente desprevenidos y no existe movilización para participar en la reescritura de la Constitución: tenemos que organizarnos para determinar el paso a seguir.

Los objetivos del Centro Democrático son claros, como fueron expuestos en el programa Séptimo Día del canal Caracol. Son agresivos en contra de los indígenas porque el Centro Democrático quiere exterminar el movimiento.

Más temprano este año, Caracol, uno de los canales privados de televisión más importante del país, transmitió una serie de episodios sobre los pueblos indígenas colombianos en su programa semanal Séptimo Día, llamado Desarmonía, la flecha del conflicto. La serie controvertida atacó los sistemas de justicia indígena y afirmó que las autoridades indígenas se robaron las indemnizaciones por las masacres a los destinatarios legítimos, una alegación que fue desacreditada. La serie insinuó también que las instituciones indígenas apoyaban a la guerrilla de las FARC, algo que el periodista colombiano Cesar Rodríguez Garavito describió como una de las falsedades en “episodios plagados de fallas investigativas y periodísticas”.

Los activistas indígenas del pueblo Nasa buscando recuperar la finca de caña de azúcar La Emperatriz “de sus debidos propietarios” eran unos de los que fueron atacados por esos episodios que sirvieron también de plataforma a Paloma Valencia, del Centro Democrático, que abogó por la división del departamento del Cauca en dos territorios: “uno indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y uno con vocación de desarrollo donde podamos tener vías, se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos.”

Henry Caballero Fula de la Comisión para la Paz del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) escribió que los cuatro objetivos de los episodios del Séptimo Día eran difundir las ideas según las cuales:

  1. La autonomía indígena es algo negativo que solo ayuda a enriquecer de manera corrupta a algunos miembros mientras va en contra de los intereses de la comunidad en general y de los sectores no indígenas.
  2. Fue un error otorgar el derecho a la consulta previa dentro de la Constitución colombiana dado que va en contra del desarrollo nacional.
  3. El sistema judicial indígena es otro error de la Constitución colombiana: se aplica en contra de la comunidad y es base de la impunidad e inmunidad de los criminales indígenas.
  4. Los pueblos indígenas reciben muchos beneficios que generan corrupción y rupturas.

Tales argumentos en el clima actual de Colombia son un peligro creciente para los pueblos indígenas, según un Wounaan desplazado políticamente activo dentro de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC).

El pasado 15 de septiembre, Feliciano Valencia del pueblo Nasa del Cauca, uno de los líderes indígenas más visibles de Colombia que ha escuchado delegados de los Wounaan desplazados en una conferencia de la ORIVAC, fue brutalmente arrestado y encarcelado por cargos que fueron inicialmente retirados en 2011. Los cargos tienen que ver con una controversia de 2008 en la cual un soldado vestido de civil – que resultó haber infiltrado una protesta pacífica – fue sometido a mecanismos de justicia indígena. El CRIC avanza que la jurisdicción indígena hace parte de la Constitución del 1991 y que el encarcelamiento de Valencia es “un golpe de Estado contra nuestros derechos constitucionales, y que se ha revocado el Tratado de Paz que la Carta Magna del 91 representó en nuestra historia.”

Esos acontecimientos no habían ocurrido todavía cuando IC habló con los Wounaan de Buenaventura. Sin embargo, una persona concluía: “los pueblos indígenas enfrentan una situación de emergencia a través del país, no sólo en el Río San Juan.”

Los Wounaan están ahora cambiando su estrategia para el retorno a su territorio, dando la espalda a las autoridades municipales y departamentales, y dirigiéndose al Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la comunidad internacional.

Las autoridades municipales no cooperan con los pueblos indígenas; están siempre mintiendo – siempre dicen que harán algo mañana. Presentamos nuestra voluntad de retornar pero necesitamos garantías de seguridad y dignidad en nuestro territorio. Porque al nivel local no se ha logrado nada, convocamos al nivel nacional e internacional, incluso a las ONGs y a Naciones Unidas.

Wellington Carneiro del ACNUR advierte que los ministerios gubernamentales en Bogotá faltan de presencia en la región y que no tienen “una imagen clara de los problemas de los Wounaan.” Sin embargo, “existe también una estigmatización muy negativa de las comunidades por las autoridades locales.”

Una Wounaan observaba que los oficiales locales “siempre venían y hablaban y no hacían nada después.” Dijo que su objetivo era mantener y desarrollar las actividades culturales y políticas del grupo: “Necesitamos fortalecer nuestra comunidad para defender nuestro territorio.”

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