Los Wounaan de Unión Agua Clara piden que el Estado cumpla

Los Wounaan de Unión Agua Clara piden que el Estado cumpla

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Este articulo fue publicado originalmente en la revista Intercontinental Cry (IC) y escrito por Adilah Nasir, una acompañante de FORPP.

24087130452_7892770ce8_oAunque regresaron a sus tierras a finales de noviembre, los miembros de la comunidad indígena Wounaan de Unión Agua Clara afirman que la Alcaldía de Buenaventura y el gobierno de Colombia violaron su derecho a un retorno digno. Las condiciones mínimas acordadas con las instituciones del Estado todavía no se han cumplido, y los miembros de la comunidad dicen que están bajo la amenaza de un nuevo desplazamiento.

El 29 de noviembre de 2015, 63 familias (347 personas) de la comunidad indígena de Unión Agua Clara regresaron con el acompañamiento de las entidades estatales. Para llegar al “Territorio Humanitario y Biodiverso Unión Agua Clara” el viaje en lancha se demora dos horas desde el Bajo Calima. Se encuentra cerca del distrito del Litoral Pacífico de San Juan, pero pertenece al municipio de Buenaventura .

El regreso tenía que ser un momento de orgullo para la comunidad de Unión Agua Clara. Un año después de su desplazamiento forzado al Coliseo El Cristal (un estadio en Buenaventura), la comunidad estaba ansiosa de recuperar su territorio, después de haber vivido en condiciones físicas y espirituales particularmente difíciles.

Al pasear por el ancho río San Juan que separa los departamentos de Chocó y del Valle del Cauca, es difícil no sentirse fascinado por el paisaje idílico. Se caracteriza por una vegetación extraordinaria de palmeras en la cual niños pequeños ríen, nadan, bucean en el río, y juegan entre sí. Algunos pescan en una canoa, esperando  la cena.

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Mientras los niños se reúnen cerca del río, todos los adultos de la comunidad indígena se juntan en una de las casas para una reunión.

AMENAZAS PARAMILITARES PROVOCARON DESPLAZAMIENTO

Aunque que el territorio de los indígenas Wounaan de Unión Agua Clara parezca paradisiaco a primera vista, la realidad es totalmente otra: el río siendo un corredor estratégico para los actores armados y el narcotráfico, las FARC y el ELN así como los paramilitares y la Armada están presentes en la zona.

Con los años la comunidad indígena Wounaan ha sido testigo de la militarización de la zona, las restricciones (y confinamiento) por parte de actores armados y el aumento de las incursiones en su territorio. Huyeron en noviembre de 2014 debido al aumento de las amenazas por las actividades mencionadas.

“Nos desplazamos por la acumulación de eventos aterradores: nuestra lancha fue robada por los paramilitares; hombres encapuchados entraron en la comunidad llevando armas y pidieron descansar en nuestro territorio. No lo permitimos, explicando la importancia para nosotros de la la autonomía indígena sobre el territorio”, comenta un líder de la comunidad, recordando estos acontecimientos. “Como comunidad decidimos huir.”

EL REGRESO FALLIDO

El 25 de noviembre, en la reunión del Comité de Justicia Transicional, el municipio de Buenaventura y la comunidad definieron finalmente de manera conjunta los requisitos mínimos para un retorno seguro y digno de los Wounaan de Unión Agua Clara. En el marco de la Ley de Restitución de Tierras 1448 de 2011, el gobierno local de Buenaventura está obligado de brindarles semillas, provisiones, materiales y transporte a su territorio.

Debido al cansancio de ser desplazada en el Coliseo durante más de un año, la comunidad estuvo de acuerdo sobre estos requisitos mínimos y regresó cuatro días después de la reunión. Mientras que el gobierno local afirma que el regreso fue un éxito y que el Estado colombiano cumplió con su obligación de ofrecer protección a las comunidades indígenas (especialmente las víctimas de desplazamiento) la comunidad Wounaan indígena afirma que estos requisitos mínimos nunca se han cumplido en su totalidad.

Poco después del retorno la comunidad se dio cuenta de que las provisiones dadas por parte del gobierno local de Buenaventura están lejos de ser suficientes. “Para ser capaz de quedarse, es necesario que haya condiciones adecuadas”, dice un miembro de la comunidad indígena. También persiste la sospecha de que, después de haber sido desplazado por un año sin recibir una respuesta a sus condiciones, el retorno finalmente fue organizado con tanta prisa, porque el Coliseo iba a estar usado para los Juegos del Litoral Pacifico, que debían comenzar el 14 de diciembre.

Preocupaciones persistentes sobre condiciones de vida digna

En una visita a Agua Clara, FOR Presente Por La Paz (FORPP) acompañando a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz fue testigo de las condiciones de vida de la comunidad, que está tratando recuperar su territorio. Todavía queda mucho trabajo. La comunidad no puede hacerlo por sí misma y necesita el apoyo del Estado colombiano, en cumplimiento de sus obligaciones.

24112564201_c466095d31_oA su regreso, la comunidad descubrió muchas de sus casas deterioradas y sus pocas pertenencias robadas. Muchos de los objetos tenían que ser reemplazados y traídos de la ciudad, lo que resulta caro y difícil. Sus cultivos fueron destruidos. El generador de energía eléctrica que alimentaba a toda la comunidad fue robado. El acueducto que da acceso al agua potable se rompió, dejando la comunidad dependiente del agua de lluvia y del río.

Sin embargo exámenes del Secretario de salud del gobierno local de Buenaventura confirmaron que el agua del río San Juan está contaminado. Desde el retorno algunos 30 niños sufrieron vómito y diarrea.

«Después de un año de desplazamiento en el Coliseo tomando el agua de la ciudad, los niños pequeños se enfermaron al regresar porque ya no están acostumbrado al agua del río contaminado”, dice un miembro de la comunidad. La comunidad afirma que hay una necesidad inmediata de medicamentos y de presencia de agentes de salud en la zona. “Usamos nuestra medicina tradicional, pero si la diarrea no se detiene en dos o tres días, queremos poder llevar nuestros hijos a un médico”, dice un miembro de la comunidad.

La Unidad de Víctimas, encargada de asegurar la protección de las víctimas según la Ley de Víctimas, les ha facilitado una canasta de alimentos, pero la comunidad dice que no es suficiente teniendo en cuenta que las familias que regresaron son numerosas. “Estamos sin comida”, afirma un miembro de la comunidad. “De hecho, las provisiones por un mes se acabaron en menos de una semana. ¿Cómo once libras de arroz pueden ser suficientes para una familia de nueve personas para un mes?. »

Las semillas recibidas por la comunidad tampoco son suficiente para garantizar la autosuficiencia en la próxima cosecha. Seiscientos semillas de árboles de plátano fueron distribuidas a las 63 familias, dejando cada familia con menos de 10 semillas, lo que es lejos de ser suficiente para recuperar los cultivos. Las canoas, prometidas como condiciones mínimas para el retorno, no han sido entregadas. “Sin una canoa, estamos inmovilizados. No podemos pescar, No podemos llegar a nuestros campos”, dice un miembro de la comunidad.

A pesar de que la situación se está volviendo grave, los agentes del Estado no están actuando, a la excepción de la Armada. Barcos de la Armada pasan y paran con frecuencia en la comunidad. Una vez ofrecieron ayuda médica pero la comunidad no esta cómoda en aceptar la ayuda de los militares.

“Aceptar ayuda del Ejército significa involucrarse en el conflicto”, comenta un miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que asesora a los Wounaan indígenas de Unión Agua Clara. “La comunidad denuncia la presencia de todos los actores armados y como cualquier comunicación puede ser percibida como colaboración, uno corre el riesgo de recibir acusaciones de ser informante”.

PREOCUPACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA VIDA

Aparte de las necesidades materiales, una de las preocupaciones más urgentes de la comunidad es la presencia permanente de paramilitares en la zona. Sólo cuatro días después de su regreso, la comunidad vio paramilitares entrar en sus territorios y amenazar a sus líderes – una situación preocupante que demuestra los riesgos que están enfrentando esos civiles. Con actores armados cerca, ya no es seguro pescar o cazar libremente y la comunidad está limitada en sus movimientos.

Muchas comunidades indígenas organizan una guardia indígena para proteger su territorio y pedir que los actores armados se vayan. “Si los barcos de un actor armado parecen demasiado cerca, la guardia indígena se va normalmente con nuestra lancha, a veces con mujeres de la comunidad, para pedir a los actores armados de moverse más lejos. Esta es nuestra forma de protección”, dice uno de los miembros de la comunidad.

Como no tiene lancha rápida, la comunidad es incapaz de protegerse a sí misma o de escapar en situaciones de emergencia cuando la tensión con los actores armados se aumenta. El Estado colombiano tiene la obligación de ofrecer protección a sus ciudadanos, especialmente en una situación de tanta vulnerabilidad. Una parte de las condiciones mínimas acordadas era ayudar a la comunidad amenazada dándole una lancha rápida.

La Unidad Nacional de Protección parece estar interesada en ofrecer la reubicación de los líderes como medio de protección para la comunidad. Sin embargo, la comunidad considera esta medida como inadecuada ya que rompe la esencia de la comunidad indígena: la unidad. “Voy a morir aquí, defendiendo los derechos de mi comunidad”, dice un líder de la comunidad Agua Clara.

Adilah Nasir es actualmente acompañante con FOR Presente Por La Paz. Tiene una Maestría en Derecho Internacional Público de la Universidad de Leiden en los Países Bajos.

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