Crónica del Desalojo del Espacio Humanitario El Mirador

Crónica del Desalojo del Espacio Humanitario El Mirador

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Escrito por Thomas Power y Sophie Duval

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Espacio Humanitario El Mirador

El 30 de noviembre de 2015, cuando Maresz y Sophie del equipo de FOR Presente por la paz (FORPP) llegaron al Tamarindo para el acompañamiento mensual, estaban lejos de imaginarse que los habitantes del Espacio Humanitario El Mirador acababan de recibir el anuncio de un nuevo y último desalojo, que atropellaba una vez más a lxs campesinxs de Asotracampo (Asociación de los Trabajadores del Campo) luchando por sus derechos a la tierra desde hace más de 8 años. En las palabras que intercambiaron con el equipo de FORPP, la sorpresa se mezclaba a un cierto grado de desespero, frente al recién anuncio pero también a todo lo que les había tocado vivir en esos últimos años.

El predio del Tamarindo, situado a las puertas de Barranquilla, ha sido ocupado desde los principios de los años 2000 por campesinxs y víctimas del conflicto armado que huyeron de sus hogares en esa época, caracterizada por el auge paramilitar en Colombia y las violencias vinculadas. Desde Magdalena, Urabá, Bolívar o Cesar, esas familias buscaron refugio en El Tamarindo, donde encontraron tierras aptas para cultivar y retomar una vida campesina, lejos de las violencias del conflicto armado que habían sufrido. Una habitante del predio se recordaba: “Yo pensaba haber encontrado por fin mi tranquilidad en El Tamarindo, después de haber sido desplazada varias veces por la violencia armada, primero en Chocó y después en Urabá antioqueño, en la zona bananera”[1].

Sin embargo, esa tranquilidad fue de corta duración. En 2007 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia anunció la creación de la Zona Franca Internacional del Atlántico (ZOFIA) en Galapá, incluyendo los predios de El Tamarindo. Se proyectó también la construcción de la prolongación de la Ruta del Sol a través de esas mismas tierras, para vincular los puertos de Barranquilla y Cartagena. A raíz de eso se dispararon los precios de la tierra en las cuatro parcelas del Tamarindo – El Mirador, Granja Catalina, Campo Natacha y Beitjala – y de repente aparecieron propietarixs reclamando los terrenos. La comunidad siempre ha invocado la ocupación de buena fe de esas 120 hectáreas, declarando usar este tierra porque la pensaban baldía. Pero no era del gusto de esxs propietarixs, personas política y económicamente influyentes de la zona que acudieron a instancias judiciales para desalojar a lxs campesinxs del Tamarindo que consideraron como invasorxs.

Para seguir reclamando el derecho a la tierra y hacer frente a la presión ejercida por lxs propietarixs, más de 120 familias del Tamarindo crearon en 2012 Asotracampo, compuesta por campesinxs en condición de vulnerabilidad, de los cuales un 80% son víctimas del conflicto armado, desplazadas por la violencia. Pero pronto llegaron las primeras diligencias de desalojo. En total, la comunidad enfrentó 44 diligencias policivas de las cuales las últimas fueron efectivas.

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Miembros del ESMAD durante el desalojo

A finales de 2012, desalojaron la primera franja, Granja Catalina, seguida por Beitlaja y Campo Natacha, que fueron realizados sin orden judicial y con uso excesivo de la fuerza pública. Miembros de Asotracampo que fueron desalojados de Campo Natacha se acuerdan: “El ESMAD[2] llegó del día al otro, sin avisar, y nos sacó a la fuerza, destruyendo nuestros cultivos, matando nuestros animales y tumbando nuestras casas”.

Después de esos eventos traumáticos, varixs habitantes del Tamarindo se fueron a vivir en el casco urbano de Barranquilla u otras partes. Sin embargo, muchos miembros de la comunidad decidieron seguir resistiendo desde el predio. Después de cada desalojo, lxs poseedorxs[3] de las parcelas restantes acogían en su lote a las personas que acababan de perder todo, en un acto de generosidad sin igual. En la última franja de El Mirador, hasta cuatro familias compartían una parcela de dos hectáreas de vivienda y cultivos.

No obstante, con los desalojos llegaron también las amenazas para las personas que habían decidido quedarse en las parcelas restantes. Los miembros de Asotracampo recibieron varios panfletos de grupos armados ilegales autodenominados como “Rastrojos” o “Aguilas Negras” en los cuales les amenazaron de muerte, en particular al entonces representante legal que obtuvo un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección. Por otro lado, lxs propietarixs contrataron a una empresa de seguridad privada que vino con el propósito de vigilar los predios desalojados pero que a la vez destruyó cultivos sin autorización e intimidó a miembros de la comunidad.

Peor, el 12 de abril de 2013, fue asesinado de un disparo en la cabeza el hijo del vicepresidente de Asotracampo en su casa del predio El Mirador, una muerte que según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz[4] no puede ser ajena a su lucha por la reclamación de tierra y a la presencia paramilitar. Hasta el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo en julio de 2013, en el que “recomendó a las autoridades competentes la adopción de medidas efectivas para proteger la vida e integridad de los líderes de este proceso”.

Ante esa situación, Asotracampo declaró en abril de 2014 la creación de un espacio humanitario en la última parcela del Tamarindo, El Mirador, para impedir y denunciar la entrada de actores armados en sus predios. El 30 de noviembre pasado, la comunidad se recordaba con desesperación esos años de lucha pacífica vividos en El Tamarindo: “Me desplazaron de la zona minera del Cesar[5] y vine al Tamarindo para rehacer mi vida. Pero se ha vuelto un infierno en el cual cada día pensamos que nos van a desalojar. Creemos que ya ha llegado el fin de nuestro sueño acá, de nuestra lucha contra los poderosos de Barranquilla”.

Miembros de la comunidad en la carpa

El desalojo anunciado para el 4 de diciembre de 2015 no ocurrió y fue reprogramado dos veces, sometiendo la comunidad a un ascensor emocional, entre miedo y alivio. Pero el 9 de diciembre, todo se acabó. Desde la carpa que la comunidad había armado dos días antes para vigilar la llegada de las fuerzas públicas, lxs habitantes del Tamarindo, sus acompañantes y una funcionaria de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) no pudieron hacer más que observar camiones llenos de miembros de la Policía y del ESMAD en el predio, viniendo asegurar el despacho de la diligencia de desalojo compuesto por la Inspección de la Policía, funcionarixs de la Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Personería, UARIV y representantes de la empresa Inversiones Agropecuarias S.A, reclamando las tierras del Mirador.

El proceso administrativo empezó entonces y casa por casa, la empresa venía negociando la salida de lxs habitantes de El Mirador. Todo pasó sin violencia física, un logro bastante importante con relación a las veces anteriores. Pero la violencia simbólica, del nuevo y último desalojo que vivió la comunidad en El Tamarindo, fue más fuerte que nunca. Un miembro de la comunidad afirmaba: “Yo soy campesino de tradición, yo no sé trabajar en la ciudad. Por qué nos están sacando del campo, por qué este gobierno es así? Nosotros no vamos a comer cemento, nosotros no sabemos trabajar en la ciudad, nosotros sabemos tirar machete, nosotros sabemos sembrar yuca, sabemos sembrar maíz, criar ganado, criar de todo. Ya no podemos más, no nos atropellen más señor gobierno”.

Se escuchaba gente gritar para que les dieran un mínimo de respeto, para que los jóvenes del barrio vecino contratados por Inversiones Agropecuarias S.A para tumbar las casas dieran tiempo a lxs campesinxs para sacar sus cosas antes de la destrucción de sus viviendas. Otras personas imploraban la abogada de la empresa para que les diera un plazo para encontrar un lugar donde alojar a su familia y guardar a sus animales.

Joven destruyendo cultivos

El desalojo siguió el día siguiente, el 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos. Un símbolo fuerte en un país que pretende hacer la paz. Una campesina comentaba: “Por qué dicen que están haciendo la paz? Cuál es la paz si no nos dan donde vivir, donde trabajar, si no tenemos con qué comer?”. Esos dos días 11 casas fueron tumbadas y las otras 30 familias obtuvieron un plazo hasta el 18 de diciembre.

Justamente ese día salió una medida provisional de la Corte Constitucional ordenando “a la Alcaldesa de Barranquilla y a las inspecciones de Policía de la ciudad que previo a efectuar el desalojo de las familias ocupantes del predio “El Mirador”, [debían] proveérseles un albergue temporal en condiciones de dignidad”[6] que una vez más, dio un suspiro y una esperanza a lxs campesinxs. Sin embargo, el desalojo total de la franja El Mirador se realizó el 23 de diciembre dejo por único recuerdo de la lucha y vida de esxs campesinxs la casa de los vigilantes de la empresa en la entrada del predio.

En compensación, lxs habitantes del Tamarindo recibieron un monto dinero, o una hectárea de tierra o dos meses de arriendo en un apartamento en Barranquilla. La mayoría de lxs que recibieron plata o arriendo están ahora dispersadxs a través de la ciudad de Barranquilla.

Las nueve familias que recibieron tierra viven ahora con seis otras familias en condiciones precarias en la periferia de Luruaco, un municipio más cerca de Cartagena que de Barranquilla. Sus abrigos se componen actualmente de toldo, hilos y pedazos de madera, mientras construyen sus casas definitivas. Dado que sus cultivos fueron destruidos en el desalojo, contaron con la ayuda humanitaria de la Iglesia Presbiteriana que les ofreció tres meses de mercado el 30 de diciembre. Además el suelo es tan seco que lxs habitantes no pueden sembrar todavía. “En El Tamarindo teníamos plátano, yuca, de todo”, afirmó un miembro de Asotracampo mirando a lo lejos el pasto quemado. “Qué podemos cultivar aquí? Nada.”

Esas son las condiciones bajo las cuales campesinxs víctimas del conflicto armado colombiano y víctimas de desalojos están viviendo. Víctimas que han trabajado durante años para obtener un reasentamiento colectivo bajo condiciones dignas.

Tuvieron una nueva esperanza el 14 de octubre pasado cuando firmaron una propuesta de reasentamiento colectivo en 30 hectáreas, facilitada por la Alcaldía de Barranquilla, la Unidad de Víctimas y la empresa Inversiones Agropecuarias S.A. Aunque no eran términos totalmente aceptables para Asotracampo, dado que sólo se reconocían 24 de las 79 familias en ese entonces asociadas al proceso organizativo, era por lo menos un primer acuerdo a negociar. Todxs firmaron tal acuerdo con la certeza que un desalojo del Mirador había sido evitado.

Pero a pesar de este acuerdo, un juez dio la orden de desalojar al Mirador. Los miembros de Asotracampo decidieron entonces encontrarse con la empresa en emergencia, pensando poder evitar el desalojo juntxs. Pero sólo lograron un acuerdo que les otorgó un plazo de 15 días para irse con las compensaciones ya mencionadas anteriormente. Sólo algunos miembros lo firmaron pero no obstante los términos de ese acuerdo parecen ser los que rigieron el desalojo del Tamarindo el 23 de diciembre.

Después del desalojo

El Estado colombiano no tomó su responsabilidad en la reubicación de esas víctimas del conflicto armado y campesinxs en condición de vulnerabilidad. La UARIV explicó su inacción a lxs acompañantes de FORPP durante el desalojo de los 9 y 10 de diciembre por el hecho de que la comunidad estaba negociando directamente con la empresa. La Alcaldía de Barranquilla, responsable de los desalojos anteriores, tampoco está cumpliendo con su deber de cuidar por el bienestar de sus ciudadanxs, y particularmente con aquellxs viviendo en condiciones de vulnerabilidad.

Aunque la gente de Asotracampo está cansada, su lucha por una vida campesina digna sigue. Ese es el mayor reto que les toca enfrentar para adelante. Como lo señaló un informe de Amnestía Internacional sobre la restitución de tierra en Colombia, que tomó El Tamarindo como caso emblemático, “El proceso de restitución de tierras debe dar a las familias de El Tamarindo la certeza de que no tendrán que volver a abandonar sus tierras, y que pueden vivir dignamente mientras se respetan todos sus derechos humanos fundamentales.” Aún un largo camino para Asotracampo y lxs campesinxs de Colombia.

[1] Esta zona corresponde al área situada entre Chigorodó, Turbo y Apartadó, donde también se encuentra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que FORPP viene acompañando desde 2002.

[2] Escuadrón Móvil Antidisturbios, cuerpo de la Policía Nacional de Colombia.

[3] Nombre dado a las personas que ocupaban la tierra del Tamarindo sin tener el título de propiedad.

[4] La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz es un organismo colombiano de derechos humanos que acompaña integralmente a procesos comunitarios. Vienen acompañando a Asotracampo desde 2013 en el plano legal y organizativo.

[5] FORPP viene acompañando a Tierra Digna en esa zona donde la gente sufrió tanto de la violencia armada como de la llegada de las empresas mineras multinacionales que produjeron daños irreversibles al nivel ambiental, cultural y social.

[6] Esa medida provisional se dio en el marco de acción de tutela interpuesta por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en cuanto a la legalidad de los desalojos en El Tamarindo.

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