Siguen las afectaciones a la población civil en el Bajo Atrato por la presencia de paramilitares y guerrilla

Siguen las afectaciones a la población civil en el Bajo Atrato por la presencia de paramilitares y guerrilla

Este articulo fue publicado originalmente en SweFOR  Marzo 29, 2016.

Ahora han pasado casi seis meses desde la llegada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a la zona rural del municipio de Riosucio y la gran mayoría de las comunidades todavía no han sido atendidas por el Estado. SweFOR reitera la preocupación de la Asociación de Cabildos indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó – AsOrewa que se mencionó en la Carta Informativa de diciembre.

Los afluentes del Atrato en el municipio de Riosucio padecen un abandono Estatal fuerte y las comunidades han sido muy afectadas por los actores armados illegales

La Defensoría[1] destaca que la entrada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN han agravado la situación para la población civil. Históricamente el Frente 57 de las Farc ha tenido presencia en el margen occidental del río Atrato mientras que los paramilitares hacían presencia con estructuras armadas en la zona de Cerro Cuchillo, Riosucio, sobre algunos poblados del rio Atrato y con hombres de civil en los corregimientos y las cabeceras municipales, dedicándose  principalmente al control poblacional y territorial. Ahora este contexto ha cambiado con la entrada de las AGC hacia zonas del Bajo Atrato, donde se encuentra una retaguardia de las Farc, como en los ríos Salaquí, Truandó, Cacarica y Domingodó y el ingreso del ELN por el Medio Atrato hasta la cuenca alta del río Truandó. Esto ha provocado una respuesta armada de las Farc, al parecer en alianza con el ELN, para contener el avance de las AGC, generando varios enfrentamientos entre los grupos armados ilegales.

Esta dinámica de confrontaciones ha tenido afectaciones directas en las comunidades afros e indígenas que viven en la zona. Estas poblaciones han sufrido situaciones de confinamiento, señalamientos, un aumento del reclutamiento forzado, desplazamientos y amenazas. Las amenazas se han presentado particularmente contra líderes y lideresas que han denunciado las afectaciones generadas por las acciones de los grupos armados ante las autoridades. Esto ha supuesto que la gente tenga miedo de denunciar los hechos victimizantes.

En el informe, la Defensoría recomienda a la Fuerza Pública tomar acciones proporcionadas y preventivas, que prevengan más afectaciones a las comunidades indígenas y afrocolombianas. Sin embargo, la presencia de los grupos armados ilegales se mantiene en las cuencas de Truandó y Salaquí. Así como lo han dicho las mismas AGC a las comunidades, que han llegado al territorio para quedarse.  “No sabemos qué pasa con la fuerza pública. El control de ellos existe para los civiles con requisas y retenes. Entonces ¿cómo pueden haber entrado tantos hombres de las AGC?” pregunta Helfer Andrade Casama, presidente de la AsOrewa.

Claudia Rojas, analista del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría responsable de la zona, reconoce la problemática, y la necesidad de una solución duradera: “El abandono estatal es total y la única presencia que hay es militar y tampoco da mucha confianza.” Por esto es muy importante que todas las autoridades del Estado tomen su responsabilidad para garantizar la efectividad de los derechos de la población tal  como lo establece el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia.

[1] Nota de seguimiento N° 001-16 del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, emitido el 18 de enero de 2016 como la cuarta Nota al Informe Riesgo N° 031-09A.I. emitido el 31 de diciembre de 2009.

 

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