Fallo de Corte de Constitucionalidad deja sin effecto jurídico las áreas estratégicas mineras

Comunicado de las organizaciones de acompañamiento internacional frente a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia en el marco del proceso de negociaciones de paz

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Las organizaciones de acompañamiento internacional de carácter no-gubernamental, que brindan acompañamiento a las organizaciones sociales y a las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, apoyamos varias propuestas de paz lideradas por las comunidades y las organizaciones sociales, las cuales han sido construidas de manera colectiva durante varios años.

Saludamos el acuerdo logrado entre el gobierno nacional y las FARC-EP el pasado 23 de junio y expresamos de nuevo nuestro apoyo a una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Reiteramos que nuestro trabajo se realiza bajo las normas de la legislación colombiana y en base a las peticiones que recibimos directamente de organizaciones sociales y de las defensoras y defensores de derechos humanos. En este contexto las personas acompañadas manifiestan que ven la necesidad de seguir contando con el acompañamiento internacional, debido a su preocupación ante una posible reconfiguración del conflicto en un escenario de post-acuerdo, lo que obstaculiza seriamente la garantía plena de no repetición para ellas y sus comunidades.

En ese sentido, manifestamos nuestra preocupación frente a la realidad que viven las y los defensores de derechos humanos, especialmente en las regiones; pues, según la ONU, en el último año se registró un aumento de los asesinatos, lo cual supera el promedio de los últimos 20 años1. Por su parte, Somos Defensores registra que las agresiones (las cuales incluyen amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, hurto de información y desapariciones forzadas) contra las personas defensoras de derechos humanos aumentaron en un 9% en 2015 en comparación con 20142. Igualmente, desde el inicio del proceso de paz en el año 2012 se han registrado 357 agresiones, incrementándose a casi el doble en el año 2015 con 682 agresiones3. Esto sucede en un escenario que presenta la tendencia preocupante de un aumento del uso arbitrario del sistema penal para criminalizar y judicializar a las y los defensores de derechos humanos4.

Los datos descritos anteriormente demuestran que en muchas de las regiones del país, el conflicto armado pasa por una reorganización, apareciendo así nuevos conflictos y nuevos actores que amenazan la vida y la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Según Somos Defensores, grupos paramilitares fueron responsables del 66% de las agresiones dirigidas directamente contra los líderes y las lideresas sociales5.

Otro elemento preocupante para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos y de las comunidades es el impacto de la inversión extranjera en el país en el marco de un modelo de desarrollo económico extractivo, donde muchas veces se generan fuertes conflictos sociales y económicos en las comunidades locales que conllevan al surgimiento de nuevos conflictos y a violaciones de los derechos humanos.

Frente a lo expuesto anteriormente solicitamos respetuosamente a la comunidad internacional que:

  1. inste al Estado colombiano a brindar las garantías de no repetición y de una paz justa y sostenible en los territorios, garantizando los estándares internacionales de los derechos humanos, abordando las causas estructurales del conflicto, desmantelando las viejas y nuevas estructuras paramilitares de manera efectiva, respetando los derechos de la población civil.

  2. solicite a la Fiscalía General de la Nación agilizar las investigaciones sobre las agresiones y asesinatos contra las personas defensoras de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, identificando los autores materiales e intelectuales. Asimismo, es importante instar al Estado colombiano a fortalecer el sistema de justicia y a brindar las garantías de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todas las víctimas.

  3. reitere al Estado colombiano y a todas sus instituciones la necesidad de brindar reconocimiento político a la labor de defensa de derechos humanos y el diseño de una política de protección integral y efectiva para las personas defensoras, que aborde las causas que originan las agresiones y diseñe una política consensuada con las defensoras y los defensores de derechos humanos, donde se reflejen medidas de carácter colectivo, con enfoque diferencial, contexto rural, etc.

  4. continúe respaldando política y financieramente a la sociedad civil colombiana en sus esfuerzos de construcción de paz y al mismo tiempo, inste al Estado colombiano a que asegure la participación de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en la implementación de los acuerdos de La Habana en sus regiones.

  5. apoye decididamente el establecimiento de la mesa de negociaciones en el proceso de paz con el ELN.

  6. inste a las empresas de sus países con actividades en Colombia a desarrollar políticas de acción sin daño, donde se respeten el medio ambiente y los derechos de las comunidades.

Organizaciones firmantes:


Acción Permanente por la Paz Colombia

FOR Presente por la Paz

 

 

 

 

Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR)

 

 

    Peace Watch Switzerland

 

 

 

  Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER)

 


1Comunicado OACNUDH Colombia, 19 de noviembre 2015

International Accompaniment NGOs’ Statement Regarding the Situation of Human Rights Defenders during the Colombian Peace Process

Para la versión en español haz click aqui

As international non-governmental organizations who accompany social organizations and human rights defenders in Colombia, we support various peace proposals collectively constructed by these communities and social organizations.

We celebrate the agreement achieved by the Colombian government and the FARC-EP on June 23, and we express our support for a negotiated solution to Colombia’s armed conflict. We also reiterate that our work is carried out within the norms of Colombian law and stems directly from the petitions we receive from social organizations and human rights defenders. The people we accompany have communicated their desire for continued international accompaniment, due to their concern about a possible reconfiguring of the armed conflict in a post-accords period. The possible continuation of violence presents serious obstacles to a full guarantee of non-repetition for them and their communities.


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COLOMBIA ANUNCIA CESE DE FUEGE BILATERAL!

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Es un momento histórico increíble en la historia de Colombia. Estamos celebrando y aplaudiendo ese paso importante hacia la paz en Colombia. Al mismo tiempo, reconocemos que la paz no vive solo en un pedazo de papel. Según Mario Murillo, un profesor de estudios Latinoamericanos, especialista en Colombia, “[d]e hecho es el inicio del fin de un conflicto militar entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Eso no necesariamente es el fin de la guerra.” ¿Qué se necesita para terminar la guerra? ¿Qué se necesita para construir una paz real y duradera? Reflexiones sobre estas preguntas nos inspiraron a desarrollar la campaña “ANHELANDO LA PAZ” – una campaña multimedia de videos conmovedores, fotos impresionantes y materiales escritos que provocan reflexiones, que amplifican las voces de las y los colombianos en sus visiones de paz. Echa un vistazo a nuestra campaña y por favor, ayúdanos a difundirla en tus redes sociales.

Black Lives Matter Everywhere

We continue our Longing for Peace campaign this week with a video that tells the story of the Afro-Colombian community of Buenaventura–an amazingly resilient community that, two years ago, transformed their neighborhood of 1,000 people into a peace zone.

Just months after the outrageous shooting of a young African-American youth Michael Brown, at the hands of police, we received a request from a Colombian partner organization. We were asked to join them in accompanying this neighborhood known locally as the Humanitarian Space–organized in response to State and paramilitary violence in Buenaventura, a largely Afro-Colombian city and one of South America’s most violent.

Fallo de Corte de Constitucionalidad deja sin effecto jurídico las áreas estratégicas mineras

El 9 de Junio de 2016 la Corte de Constitucionalidad falló en favor de un tutela interpuesta por nuestra contraparte Tierra Digna, en representación de 16 Consejos Comunitarios de Chocó. El fallo derogó 516 bloques considerados como áreas estratégicas mineras, constituyendo más de 20% del territorio nacional (más de 20 millones de hectáraes con potencial de explotación minera) porque no se ha respetado el derecho a consulta previa de las comunidades étnicas potencialmente afectadas por proyectos mineros.

Compartimos el comunicado conjunto de Tierra Digna y los Consejos Comunitarios de Chocó

Corte Constitucional avanza en la democratización de la política minera

Junio 16 de 2016

En defensa de la planeación no discriminatoria de las medidas de desarrollo, la Corte Constitucional deja sin efecto 516 bloques para la explotación de minerales estratégicos

El jueves 9 de junio, la Corte Constitucional hizo pública la sentencia T-766 de 2015, mediante la cual DEJÓ SIN VALOR Y EFECTO JURÍDICO tres resoluciones que demarcaban Áreas Estratégicas Mineras (AEM) sobre más de 20 millones de hectáreas del territorio nacional. Las resoluciones delimitaban 516 bloques sobre 20 departamentos ubicados principalmente en la Amazonía, la Orinoquía, el Chocó Biogeográfico y el Macizo Colombiano.


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