Nuevas incertidumbres 19 años después de la Operación Génesis

Nuevas incertidumbres 19 años después de la Operación Génesis

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Este artículo fue publicado en alemán en Amerika21.de y también una versión adaptada en inglés en Global Voices.

Caminata de la delegación hacia la base militar

A finales de febrero de 2016, FOR Presente por la Paz fue parte de una delegación nacional e internacional1 que acompañó a las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica –CAVIDA- en la conmemoración de los 19 años de sufrimientos y desplazamientos causados por la Operación militar y paramilitar Génesis en la cuenca del Río Cacarica, Bajo Atrato, en el departamento del Chocó. Efectuando una peregrinación por la paz con justicia socio ambiental, el grupo asumió el reto de caminar varios días desde la zona humanitaria Nueva Vida, Cacarica, hasta el Cerro Mocho. Ese lugar constituye el límite del título colectivo de la comunidad negra de Cacarica y la frontera con Panamá en donde una base militar binacional colombiana y panameña, instalada en junio de 2013, nuevamente genera preocupaciones.

La Operación Génesis, ejecutada en febrero de 1997 por militares y paramilitares, causó la muerte y desaparición forzada de más de 80 víctimas y resultó en el desplazamiento de 4.000 personas. Lxs integrantes de CAVIDA recordaron con sus canciones, poemas y testimonios las atrocidades, el sufrimiento, la huida, algunxs como líderes, otrxs como padres y madres que perdieron sus seres queridos, otrxs desde su memoria como niñxs en este tiempo. En este caso, en noviembre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó por primera vez al Estado colombiano por el desplazamiento forzado de comunidades afro descendientes, como resultado de la Operación Génesis. De igual manera condenó la colaboración del Ejército con grupos paramilitares en el despojo de las comunidades, y la muerte y hechos crueles en contra del campesino Marino López. Según los testimonios, los paramilitares cortaron su cabeza y jugaron fútbol con ella. La Operación fue dirigida por el General Rito Alejo Del Río, comandante de la Brigada 17 del Ejército e instruido en la Escuela de las Américas, conocido también por las violaciones cometidas en contra de la Comunidad de paz de San José de Apartadó. Fue condenado en agosto de 2012 a 25 años de cárcel por el asesinato del campesino Marino López.

Hasta hoy en día, las reparaciones colectivas ordenadas por la CIDH, como un monumento de memoria y un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, no se han dado. Aparte del dolor de lo vivido, lxs integrantes de CAVIDA y el grupo de mujeres Clamores critican que las reparaciones individuales tampoco se hayan cumplido de manera satisfactoria y con el debido respeto a lxs sobrevivientes.

Memorial en el coliseo de Turbo

L a conmemoración que se realizó en el coliseo en Turbo al inicio de la peregrinación recordó no solo el sufrimiento, sino que rindió también homenaje al proceso organizativo, a la perseverancia y a la resistencia de la población. Estuvieron desplazadxs cuatro largos años en Turbo en condiciones difíciles. Entre ellxs recordaron que como desplazadxs no fueron atendidxs en el hospital de Turbo. Durante todos esos años de desplazamiento exigieron el reconocimiento como comunidades afrodescendientes hasta que lo lograron en julio de 1998; oficialmente la concesión del título colectivo como Comunidad Negra Cacarica de más de 103.024 hectáreas fue llevado a cabo en diciembre de 1999. En un acto de coraje y reivindicación regresaron en 2000 y 2001 a su territorio a pesar de las amenazas por los grupos armados y crearon las primeras zonas humanitarias de Colombia, Nueva Vida y Esperanza en Dios, como herramienta para quedarse en el territorio como población civil en el marco del conflicto armado interno. “Aun no hemos retornado”, dice un integrante de CAVIDA. Se asentaron en las zonas humanitarias, solo unxs pocxs regresaron a sus territorios originales, al modo de vida de antes, de casas dispersas en el territorio tan rica en biodiversidad. Pero por el miedo por la presencia de actores armados, muchxs quedaron concentradxs hasta hoy en los asentamientos de las zonas humanitarias.

Cinco meses antes de la sentencia de la CIDH, en junio de 2013 fue instalada la base binacional colombo-panameña en el Cerro Mocho, terreno límite del título colectivo que genera nuevamente preocupaciones por la integridad del territorio colectivo. Inicialmente se llamó la Unión, posteriormente ha sido nombrada como “Guamal”. Según las mediaciones de la comunidad y delegaciones internacionales, las coordinadas de la base están dentro del título colectivo, hecho que los tribunales colombianos han negado hasta la fecha y no ha sido verificado oficialmente en sitio. La población ha observado que maquinaria pesada está llevada a la base, lo que genera la sospecha de explotación minera. Además, en 2014 salió una nota en las noticias panameñas que William Brownfield, secretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos y anteriormente embajador de los Estados Unidos en Colombia, visitó la base, lo que provoca dudas sobre el tipo de apoyo que el gobierno estadounidense está brindando en esta zona fronteriza estratégica, donde aparte del interés por la explotación de la riqueza natural, se prevé la construcción de la carretera Interamericana y la interconexión eléctrica con Centroamérica.