Comunidades en Cesar luchan por ser escuchadas en audiencias públicas sobre la minería del carbón

Oct 13, 2016 | Displacement and Land Issues, Extractive Industries, Our Partners

Escrito por Thomas Power, acompañante internacional de FOR Presente por la Paz. For the English version, click here.

“Nos equivocamos en el pasado. Ya no damos más vida por plata.” Esas son unas de las palabras de miembros de la comunidad de Boquerón en el departamento de Cesar, Colombia, dirigidas a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a empresas transnacionales de carbón en audiencias públicas, los 28 de enero y 5 de febrero del 2016. Las transnacionales Drummond y Glencore están preparándose para aumentar sus operaciones y han solicitado a la ANLA modificar sus licencias ambientales. En respuesta, las comunidades afectadas solicitaron audiencias públicas sobre las propuestas de ampliación para hacer escuchar sus preocupaciones.

Boquerón es una comunidad tradicionalmente afrocolombiana. Como tal, tiene derecho a la consulta previa, un proceso en el que la comunidad basada en información fiable se niega o concede su permiso para llevar a cabo las propuestas de proyectos mineros. Sin embargo, ya que sólo el departamento y no el gobierno nacional ha reconocido Boquerón como una comunidad afrocolombiana, este derecho ha sido constantemente negado. Muchxs creen que el gobierno ha negado a la comunidad este reconocimiento precisamente porque el derecho a la consulta previa complicaría las actividades mineras en la región, que son un motor de crecimiento económico importante a los ojos del gobierno nacional y la actividad económica principal de la región.

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Mapa de los proyectos mineros en Cesar y Magdalena

El gobierno de Colombia ha tanto valorado la extracción de carbón que la implementación de megaproyectos dirigidos por las transnacionales ha sido demasiado rápida. Tan rápida de hecho que éstas son las primeras audiencias públicas ambientales que se realizarán para estos proyectos en más de 20 años de operación minera en el Cesar. Los últimos 20 años han dado lugar a cambios radicales en la forma de trabajar y socializar, ya que la economía tradicional basada en la agricultura y la pesca ya no es viable, debido a la contaminación causada por los proyectos mineros. El cambio más radical ha sido el ordenamiento de reasentamiento involuntario de las comunidades de Boquerón, Plan Bonito y El Hatillo ya que los niveles de contaminación atmosférica son demasiado altos para la habitación humana.

En 2010, el Ministerio de Medio Ambiente ordenó a Drummond, Glencore y Colombian Natural Resources que reasentarán a esas tres comunidades. Como resultado, la ONG colombiana Tierra Digna comenzó a brindar asesoramiento jurídico a la comunidad de Boquerón, ayudándoles a entender y exigir sus derechos, así como entender cuáles son las responsabilidades de las empresas de carbón y del gobierno hacia la comunidad. Cuando Drummond y Glencore anunciaron sus planes para expandir operaciones, Tierra Digna apoyó a Boquerón y las comunidades alrededor a recoger al menos 100 firmas para que su alcalde solicitará a la ANLA una audiencia pública. Así fue como los alcaldes de La Jagua de Ibirico y Becerril pidieron la organización de esos eventos.

Las audiencias son una oportunidad única para la participación comunitaria en el proceso de expansión de la mina. Para obtener la aprobación de la ANLA sobre cambios en sus planes de gestión ambiental, las empresas Drummond y Glencore deben presentar estudios sobre posibles impactos ambientales del proyecto, además de un plan para controlar, mitigar y remediar los daños. En las audiencias públicas, la empresa debe presentar este plan al público y las comunidades tendrán la oportunidad de responder.

Durante las socializaciones de sus propuestas, las empresas reconocieron que los municipios afectados serán El Paso, Becerril y La Jagua de Ibirico. También reconocieron la utilización de las aguas subterráneas, las emisiones de material particulado (polvo de carbón), la explotación forestal y los cambios en los hábitats de la vida silvestre, entre otros impactos. Sin embargo, de particular interés para la comunidad era el desvío del río San Antonio por el proyecto de Drummond.

Después de que las empresas presentaron sus proyectos, lxs políticxs y lxs especialistas de las áreas afectadas tuvieron la oportunidad de hablar. Algunxs políticxs hablaron a favor de las empresas, otrxs con timidez, pero un funcionario de El Paso habló fuertemente en contra de la actividad minera. Él habló sobre los cambios sociales causados por la pérdida de la agricultura y la pesca a pequeña escala, la falta de desarrollo y crecimiento de las necesidades básicas insatisfechas de la zona, y sobre el impacto de los reasentamientos involuntarios para la población local, entre otras cuestiones.

Por último, miembros de la comunidad pudieron hablar. Primero eran miembros de la comunidad solicitando la audiencia misma, en el que uno de los miembros de la comunidad se centró en la falta de oportunidades económicas. “Ellos no pueden reparar el daño que han hecho”, dijo, “pero al menos nos podrían compensar para que nuestras familias puedan vivir con dignidad.” Y continuó: “No hemos venido aquí para pedir, sino para exigir que se cumpla con los compromisos”.

La siguiente intervención solicitada por la audiencia fue Flover Arias, quien creció en Boquerón y ha sido muy involucrado en el apoyo a la comunidad a través del proceso de reasentamiento. Se centró en la pérdida cultural que Boquerón ha sufrido, y leyó un poema que escribió sobre Boquerón. “Maldita piedra negra, que hizo cambiar mi historia. Un humilde pueblo llora, la funesta partida de toda una vida.”

Después de esas intervenciones, se les dio cinco minutos a las personas que se habían registrado en sus municipios para hacer escuchar su voz. Durante la audiencia pública de Drummond, mientras que algunas personas se manifestaron a favor de la minería, muchos miembros de la comunidad se centraron en el desvío del río San Antonio. “El río San Antonio es una importante fuente de recursos pesqueros, un suministro de agua para la fauna local, y también un suministro de agua para los cultivos. Además, es una fuente de tradición cultural, de recreo para las familias y para nadar”, explicó un miembro de la comunidad después de las audiencias públicas.

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Afiches preparados por las comunidades afectadas

Durante la audiencia pública sobre la expansión de la mina Calenturitas, propiedad de Prodeco, la gente de las comunidades afectadas aparecieron con carteles y letreros protestando en contra de la actividad minera. Durante las intervenciones, en las que la comunidad se centró en la pérdida de su cultura, de la pesca y de la agricultura, lxs que tenían letreros pasaron delante para asegurar que la ANLA y las empresas lean sus mensajes. “La contaminación está matando a nosotros lentamente – S.O.S.” “¿Cuánto tiempo vamos a estar esperando?” “Boquerón necesita una solución pronto!” “ANLA: Queremos consulta previa”, fueron algunos de los mensajes de la comunidad para las autoridades.

Tierra Digna también habló, basado en su trabajo de investigación. Entre otros aspectos, señalaron cómo se hacían los estudios sin la intervención de un tercero neutral, y la forma en que dichos estudios no tienen en cuenta los efectos acumulativos de los 10 proyectos de minería a gran escala en la zona. Incluso cuestionaron la constitucionalidad de los proyectos, ya que la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2013 que la ANLA adoptara las normas de la Organización Mundial de la Salud para la contaminación atmosférica, algo que la ANLA todavía no ha hecho a pesar de que le otorgaron dos años para implementarlo.1

A pesar de las protestas de muchos sectores de la sociedad, en abril de 2016 la ANLA autorizó la expansión de la mina “La Loma” de Drummond, que requerirá el desvío del río San Antonio. Tierra Digna apeló la decisión. Como resultado de su trabajo de apoyo a las comunidades en el Cesar y en otros departamentos, Tierra Digna está fuertemente amenazado. Les robaron información de la oficina en enero de 2016 y una de sus integrantes fue perseguida por una persona no identificada en moto en Bogotá en abril de 2016. Pero siguen firme en su trabajo!

Varias décadas de la minería del carbón en Colombia ha causado graves impactos ambientales irreversibles, sin algunos mecanismos de reparación eficaces para comunidades afectadas e incluso ha dado lugar al reasentamiento involuntario debido a la contaminación. ¿Cuántos más?

1 Más información en el informe de Tierra Digna “El Carbón en Colombia: ¿quién gana? ¿quién pierde?”