Esta tierra es nuestra: un caso para los derechos territoriales indígenas

Esta tierra es nuestra: un caso para los derechos territoriales indígenas

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Escrito por Kati Hinman, acompanante internacional de FOR Presente por la Paz, desde San José de Apartadó. Publicado originalmente en Charged Affairs.

Montañas del Urabá

“Estamos sentadxs sobre una mina de oro” dijo, mirando atrás de las pocas casitas las montañas del Urabá, una región situada en el noreste de Colombia que ha sido un semillero del conflicto armado. Al haber crecido en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, estaba bien enterado del precio de la tierra. Durante 20 años ahora, la Comunidad ha permanecido neutral ante el conflicto, resistiendo de manera no violenta a los actores armados luchando para dominar su territorio. Desde su creación, alrededor de 180 miembros han sido asesinados, entre centenas de otras violaciones a los derechos humanos. Después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, siguen resistiendo a varias amenazas contra sus derechos. La región tiene una reserva enorme de carbón y temen de que empresas multinacionales podrían desalojarles para explotar minas.

No es un miedo sin fundamento. Uno de los seis puntos del Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano es el desarrollo rural y reforma agraria. Académicxs y activistas argumentan que este punto es crucial para una paz sostenible, dado que la repartición desigual de la tierra está considerada como una causa estructural del conflicto, y que los dos tercios de la tierra cultivable están concentrados en sólo un 0.4% de las fincas.

Sin embargo, el acuerdo también se enfoca en la necesidad de un desarrollo rural competitivo. La idea está ya en marcha a través de la Ley ZIDRES, que rechazará uno de los puntos claves del acuerdo, autorizando empresas a acumular grandes parcelas de tierras. Junto a eso, ha habido recientemente un inquietante aumento de los asesinatos de líderes de organizaciones sociales campesinas que apoyan una reforma agraria.

Por cierto, esta lucha de campesinxs e indígenas contra megaproyectos energéticos no es única a Colombia. En los Estados Unidos, la protesta contra el oleoducto de Dakota – Dakota Access Pipeline (DAPL) brinda un ejemplo incómodo de cómo los derechos a la tierra no pueden ser dejados a políticas vacilantes. La protesta ha sido liderada por estadounidenses nativxs en el resguardo de Standing Rock, preocupadxs por el hecho de que el DAPL cruzaría terrenos de un cementerio sagrado y podría contaminar las fuentes de agua. Aunque en diciembre el cuerpo de ingenierxs del Ejército decidió desviar el oleoducto, el gobierno de Donald Trump hizo pasar un decreto para retroceder, y acaba de desalojar al resto de protestantes. Este giro rápido es prueba de la necesidad de un marco legal de protección más fuerte.

Credit Photo: Reuters

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Eso no quiere decir que todos los proyectos de extracción de recursos tienen que ser inmediatamente parados, dado que no se puede negar la dependencia global actual frente a las energías fósiles. Muchxs argumentan también que esas operaciones permiten empujar la economía y el empleo donde el trabajo está limitado. Pero proteger los derechos territoriales indígenas puede ser también bueno para el medioambiente y la economía. Un recién informe del World Resources Institute sobre Colombia, Brasil y Bolivia reveló que asegurar los territorios indígenas ha protegido bosques, ha ayudado campesinxs y ha reducido la contaminación y erosión para finalmente ahorrar plata a nivel local, nacional e internacional.

Mientras invertimos en energías alternativas, asegurar los derechos a la tierra es un manera de frenar el daño actual. Proteger territorios con recursos costosos no es fácil, pero es posible. En noviembre de 2016, un acuerdo fue alcanzado entre 24 naciones y la Unión Europea para determinar la reserva marina más grande de la historia en el Mar de Ross en Antártica. Gente alrededor del mundo han reconocido la necesidad actual de actuar a pesar de las posible pérdidas para la industria comercial pesquera. Lo mismo podría hacerse en cuanto a territorios indígenas.

Una de la manera posible podría ser a través de los Planes Nacionales de Acción promulgados por los Acuerdos sobre el clima de París. En esta cumbre emblemática del 2015, 188 países acordaron de cortar las emisiones globales de carbón y de conservar las temperaturas dentro de 2 grados frente a los niveles pre-industriales. Sin embargo, 167 países aún no han aceptado reconocer los derechos territoriales indígenas en sus planes nacionales de acción. De la misma manera en que las emisiones de carbón tienen efectos más allá de las fronteras, explotar recursos en un sólo país afecta ecosistemas globales. Desde que muchas de esas empresas trascienden fronteras nacionales, hay una responsabilidad internacional a brindar protecciones.

Aunque lejos de ser perfecto, Colombia es un ejemplo del progreso en materia de protección de los derechos territoriales a nivel nacional. Las empresas tienen la obligación de consultar los grupos étnicos – afrocolombianos, palenqueros, raizales e indígenas – antes de empezar cualquier proyecto que podría afectar sus territorios. A pesar de que existe una disputa sobre el significado de “consulta”, en febrero pasado, la Corte constitucional pudo parar dos empresas importantes de extracción de petróleo por no haber seguido formalmente este procedimiento.

Las comunidades indígenas y campesinas han siempre liderado el activismo ambiental. Es hora de que ganen el derecho legal a los territorios que tanto han luchado para proteger, y para que todxs nuestrxs descendientes puedan también valorizarlxs.

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