Reflexiones sobre el Paro Nacional:  abril 28 – mayo 28 de 2021.

Un mural a la vida, honrando la memoria de Alison, Sebastián y Esteban, 3 de las víctimas de la violencia policial en Popayán, un mural dignificando la resistencia de la minga social y popular liderada por la juventud colombiana en 30 días de paro nacional, fue pintado por jóvenes artistas con la participación de la comunidad, en un sector de la capital caucana, el resultado, una obra de arte hecha en minga, cargada de vida, color, fuerza, unidad, amor, juventud, diversidad, territorio, armonización y no violencia.

Esta obra a la dignidad y a las vidas hechas semillas, a las madres y jóvenes de la primera línea, a la esperanza de un pueblo en marcha hasta que la dignidad se vuelva costumbre, es parte de la síntesis de 31 días de paro nacional, es la expresión del descontento coyuntural surgido del intento del gobierno del presidente Iván Duque de imponer una reforma tributaria regresiva y es parte del descontento estructural, del despertar e indignación por la deuda social histórica con el pueblo colombiano, sentido por los millones de jóvenes que experimentan un presente y un mañana sin futuro, una de las contradicciones del modelo neoliberal que en territorios donde abunda la vida, los bienes comunes, el trabajo familiar y comunitario, se imponga la desigualdad, la pobreza, la guerra, la muerte.

Lo que ocurre en Colombia en materia de vulneración de los Derechos Humanos con las y los jóvenes marchantes en el marco del paro nacional, no puede pasar inadvertido ante el mundo y especialmente ante los organismos defensores de la vida y el territorio, pues es el resultado de un tratamiento de guerra, de enemigo interno, de criminales por parte de un gobierno que se posa ante el mundo como democrático, pero que responde con terrorismo de Estado ante la movilización y los reclamos del pueblo.

La vulneración sistemática del derecho humano a la protesta pacífica, la consumación de crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada de jóvenes, la violación sexual de niñas, los asesinatos  de niños, niñas y jóvenes indefensos, las torturas y lesiones físicas irreparables, las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones de terroristas, de vándalos, de criminales  a las y los jóvenes marchantes , lo mismo que a reconocidos líderes sociales, líderes indígenas y defensores de Derechos Humanos, confirma la tradición del Estado Colombiano como violador histórico de Derechos Humanos y la consolidación de una seudo democracia que ha evitado la acción de la justicia internacional, gracias a los niveles de impunidad que  garantiza el aparato judicial en Colombia.

Tal como lo ha documentado Indepaz y la ONG temblores, en el marco de la protesta pacífica nacional que completa un mes de la actual fase de descontento social en Colombia, hay una evidente responsabilidad nacional e internacional por parte del Estado en materia de violación sistemática de Derechos Humanos  por la decisión del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, de atender las justas demandas sociales con un tratamiento de guerra, de enemigo interno, de vándalos y terroristas.

En 32 días de movilizaciones masivas y pacificas lideradas especialmente por adolescentes y jóvenes con el respaldo de madres, adultos, adultos mayores, indígenas, afrocolombianos, campesinos, sindicatos, maestros, camioneros, pequeños y medianos empresarios, personal de la salud, estudiantes, personas en situación de calle, desempleados,  conscientes de un presente y un mañana sin futuro, sin condiciones de vida en dignidad, han sido reprimidos por la acción violenta del Estado, dejando como resultado parcial de afectaciones y de víctimas, al menos  66 personas, en su mayoría jóvenes,  asesinados,  129  dedaparecid@s,  29 mujeres entre niñas y jóvenes abusadas sexualmente, 49 lesionados con la pérdida de uno de sus ojos, 165 heridos con arma de fuego, un centenar de agresiones a defensores de DDHH, 1388 detenciones arbitrarias, 595 intervenciones por parte de la fuerza pública, todo como consecuencia de la negativa del gobierno nacional para priorizar el diálogo y consecuencia del abuso de poder, el abuso de autoridad y la violencia policial, abuso de poder que profundizaría la violación sistemática de Derechos Humanos, luego del anuncio del presidente Iván Duque de acudir a la figura de ASISTENCIA MILITAR  obligatoria a gobernadores y alcaldes, consolidando un primer paso al estado de conmoción interior,  medida que sigue ratificando a Colombia como un gobierno autoritario, antidemocrático y violador de Derechos Humanos.

A las y los humanos del mundo, solidarios con la reconciliación y el tejido de paz en el mundo, el grito de SOS para evitar que continúe la venganza genocida.