Una “Comunidad de Paz” Resiste con No-Violencia en Colombia

Una “Comunidad de Paz” Resiste con No-Violencia en Colombia

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El siguiente artículo fue escrito por la acompañante de FOR Presente por la Paz Nikki Drake, y fue publicado originalmente en North American Congress on Latin America (NACLA). Reproducido con permisión.

Mientras se sigue avanzando en las negociaciones de paz, algunas comunidades colombianas intentan poner fin a la violencia que vive el país desde varias décadas, manteniendo activamente una distancia de todos los principales actores del conflicto.

PC 18 years

Las negociaciones de paz en Colombia llevan más de dos años, y reunidos en La Habana (Cuba), el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP), están intentando llevar a cabo un acuerdo complejo para acabar con el conflicto armado del país y mientras esto sucede, unas comunidades han tratado de disminuir la violencia manteniendo distancia de todos los actores del conflicto. Una de estas es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdP), ubicada en el departamento noroccidental de Antioquia.

Creada en 1997 por campesinos, la Comunidad de Paz busca evitar involucrarse en el conflicto armado resistiendo pacíficamente a la ocupación de sus tierras por parte de los actores armados, sean del gobierno o de la oposición. Desde el principio, miembros de la CdP negaron participar en un programa de seguridad del gobierno conocido como CONVIVIR, que utilizó civiles como informantes contra la guerrilla. Participar en tal programa hubiera amenazado la neutralidad del grupo – uno de los principios fundamentales – y les hubiera expuesto a más riesgo de violencia.

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Frente a la masacre de 2005, en la que siete miembros de la Comunidad de Paz perdieron la vida, el entonces presidente – y exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez – culpó las FARC y acusó públicamente a líderes de la CdP de ser ¨auxiliares a las FARC y querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”. Sin Embargo, la Fiscalía Nacional de Colombia determinó que la masacre fue perpetrada por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en coordinación con la Brigada 17 del Ejército Nacional colombiano. Hace años que entidades estatales y miembros de las Fuerzas Públicas son vinculados con actos de violencia contra comunidades colombianas. Él mismo Uribe ha sido acusado por tener nexos con grupos paramilitares a lo largo de su carrera política. Se inició una investigación contra él en 2013, pero en marzo 2014 fue elegido al Senado colombiano, donde encabeza una poderosa fuerza política oponente al gobierno del presidenteSantos y a las negociaciones de paz.

Casi desde su comienzo, la Comunidad de Paz ha sido cubierta por medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un cuerpo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Estas medidas requieren que el Estado colombiano respete y proteja a la Comunidad de Paz, pero también que investigue los crímenes perpetrados contra sus miembros. Sin embargo, la OEA no tiene la capacidad de imponer los fallos, que dependen más de la presión política internacional para ser implementados. La Corte Constitucional de Colombia (CCC) ratificó las medidas de la CIDH en 2003 y 2007. También existen directivas nacionales que prohíben que las Fuerzas Públicas colombianas y los funcionarios gubernamentales estigmaticen y difamen los defensores de derechos humanos, como la CdP y las organizaciones que la acompañan. Sin embargo, estos fallos y directivas han sido ignorados con frecuencia.

En 2012 la CCC mandó que el gobierno colombiano adhiera a cinco puntos en respuesta a los requisitos especificados por la Comunidad de Paz para reestablecer una interlocución con el Estado. El primer punto se refirió a que el gobierno actual de Colombia pidiera públicamente perdón por las declaraciones difamatorias del expresidente Uribe. El perdón se llevó a cabo en diciembre de 2013, durante el cual el presidente Santos retractó las “acusaciones injustas a la Comunidad”, reconociendo su presencia como una “valiente reivindicación de los derechos de los colombianos que, no obstante haber padecido el conflicto en carne propia, ha persistido en su propósito de alcanzar la paz para el país”.

El segundo punto quería impedir que el miedo y la persecución del pasado volvieran a ser realidad, requiriendo un plan del Estado para la prevención de la estigmatización de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. A pesar de que el primer mandato fue cumplido, lo que resultó ser una esperanza para el año 2014, después de menos de un año del perdón del presidente Santos, han vuelto a circular, en los medios de comunicación, comentarios negativos por parte de los comandantes de las brigadas locales del Ejército Nacional, que siguen estigmatizando la CdP y las organizaciones de acompañamiento internacional.

Por ejemplo, en octubre de 2014, el programa Testigo Directo describió la Comunidad de Paz como “un bunker al que no tienen ingreso las autoridades”, y que, aseguran, es gobernado o co-gobernado por las FARC, además de señalar a ONGs internacionales y a la CIDH de ser usadas para la protección de las fuerzas guerrilleras locales.

El programa presentó una entrevista con el Coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada 17 la cual se encarga de controlar el área donde está ubicada la CdP, en la cual estigmatizó y difamó fuertemente a la Comunidad de Paz y a los residentes del corregimiento entero, afirmando que sus padres son de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y que la gran mayoría de los guerrilleros rasos son nacidos y criados allí. La entrevista fue una de las varias que realizó el Coronel Rojas, fuera de que el Comandante de la Brigada Móvil 11 de la región y sus tropas en terreno también hicieron algunas declaraciones públicas muy parecidas.

No son nuevos esos esfuerzos para deslegitimar y debilitar a la Comunidad de Paz y a las ONGs internacionales que la acompañan. Hace tiempo que la CdP y las ONGs vigilan la región, denunciando públicamente los hechos de las fuerzas armadas legales e ilegales que violan las directivas nacionales y los fallos de las cortes ignorando frecuentemente la seguridad y los derechos garantizados por el derecho internacional humanitario.

Por otra parte está la estigmatización y ataques de los medios de comunicación que se usaron en 2009 y 2010 contra entidades involucradas en procesos judiciales contra la Brigada 17, la cual tiene una historia de alegatos y cargos oficiales relacionados con masacres, desplazamientos forzados y vínculos con grupos paramilitares.

Más allá de la lucha por responsabilizar al Estado colombiano y a los grupos armados, la Comunidad de Paz posee tierras muy deseadas por todos los actores. Durante años la tierra ha sido utilizada para el establecimiento de influencia política, el control de la producción y el transporte de la coca, así como para la posesión de propiedad para ganado, banano y aceite de palma. A través del país, los intentos de individuos y comunidades para conservar sus tierras les han expuesto a amenazas, desplazamientos, y masacres. En los años recientes, la demanda creciente por los recursos naturales ha traído una entrada importante de inversiones extranjeras que reflejaron tal interés por la tierra. Por ejemplo, desde 2012, un 40% de la tierra en Colombia ha sido autorizada o solicitada por la minería.

La Comunidad de Paz está ubicada a lo largo de la Serranía de Abibe, entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, una zona históricamente estratégica para los actores armados ilegales y el transporte de la coca. La región interesa a la industria extractiva por la presencia de carbón, petróleo y oro. A pesar de ser muy militarizada, la región también es conocida por una presencia paramilitar grande. La CdP es uno de los únicos cuerpos que resiste al control intensificado de los grupos armados y a la invasión de las corporaciones multinacionales, además de denunciar los nexos entre tales organizaciones y el Estado colombiano.

La Contraloría General de la Nación ha reconocido la falta de regulación estatal y la relación entre la intensidad del conflicto y las zonas donde abundan los recursos naturales. Su preocupación por el actual modelo de minería que no “toma en cuenta las implicaciones humanitarias, ambientales, ni socioeconómicas” se concretizó en su recomendación para detener nuevos contratos mineros en las áreas de conflicto. La Corte Constitucional de Colombia también ha reconocido que “en algunos lugares del país, es claro que se han vinculado los actores del conflicto armado con intereses económicos, vinculación que es una de las principales causas de desplazamiento forzado”.

En su “Informe de Riesgo No. 078-04” de noviembre 2014, la Defensoría del Pueblo denunció la “fuerte influencia social, política y militar” de las fuerzas paramilitares en la región, y expresó una gran preocupación por las amenazas y la estigmatización dirigidas a los líderes de la Comunidad de Paz. Esta misma entidad reportó que unos proyectos de viviendas y carreteras son financiados y facilitados por el poderoso grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). A lo largo de la construcción de la carretera, los campesinos informaron que estuvieron siendo presionados y amenazados por dejar o vender sus tierras, las cuales están vendidas por las AGC a precios muchos más altos a las multinacionales – un negocio lucrativo en el marco de una guerra civil devastadora. A pesar de muchos intentos, la Comunidad de Paz ha rechazado que la carretera pase por sus tierras, y en lugar de eso ha pedido que las organizaciones acompañantes la ayuden a brindar más seguridad y visibilidad en la zona.

A más de un año del perdón del presidente Santos, los otros puntos de la orden de la CCC no han sido realizados, y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sigue enfrentando los retos de conservar sus tierras y su existencia mientras que resisten el conflicto y los intereses económicos. Aunque ha disminuido desde los principios de 2015, la estigmatización de la CdP y de las organizaciones de derechos humanos por parte de las brigadas regionales del Ejército Nacional, junto con el rechazo permanente de concederles legitimidad, provoca dudas considerables, no solo sobre el compromiso del gobierno del presidente Santos por hacer del respeto de los derechos humanos una realidad en Colombia, sino también sobre su capacidad para implementar un acuerdo tan complejo como el que se está negociando ahora con las FARC-EP.

 

 

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