“Falsos positivos” en Colombia y el papel de asistencia militar de Estados Unidos

May 14, 2014 | Human Rights, Impunity and Justice, US Drug Wars and Military Aid

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Hace unos días, un investigador de FOR, John Lindsay Poland, presentó en Washington, DC un informe en el tema de las ejecuciones extrajudiciales – los mal llamados “falsos positivos” – y el entrenamiento militar y apoyo financiero que ha recibido el Ejército Nacional de Colombia por parte de los Estados Unidos.

Este estudio utiliza una metodología para evaluar el impacto que tiene este apoyo de los Estados Unidos sobre los derechos humanos, al mirar en profundidad a un grupo surtido de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas colombianas. Se trata de comprender qué papel jugó, si alguno, la asistencia de seguridad de Estados Unidos en el aumento o la disminución de encargos de asesinatos – de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército de Colombia entre el 2000 y el 2010.  Presentamos un resumen de este informe en español y más abajo sigue un enlace al informe completo en inglés.

“Falsos positivos” en Colombia y
el papel de asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010
Un Informe del Movimiento de Reconciliación (FOR) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU)

Los Estados Unidos han entrenado, armado y equipado a las fuerzas armadas de Colombia a un costo de $6.8 mil millones desde el 2000. Aquellos a favor del apoyo de este estilo citan la ayuda a Colombia como prueba de que la asistencia de seguridad de Estados Unidos promueve mejoras en los derechos humanos. Quienes critican este apoyo, al analizar el mismo caso, constan que la asistencia de seguridad de Estados Unidos tácitamente fomento a las fuerzas militares de Colombia a llevar a cabo graves violaciones de derechos humanos.

El caso Colombiano es importante tanto por la cantidad invertida y las divergentes aserciones sobre los resultados de esta, como por el nuevo énfasis de la estrategia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en ‘capacitar a sus contrapartes’, lo cual se ve reflejado en $25 mil millones ayuda en materia de seguridad exterior de Estados Unidos en 2012. Es fundamental, para el mundo entero, evaluar el resultado de esta estrategia y estos gastos en Colombia con los derechos humanos en mente.

Los hallazgos sobre Colombia ponen en duda muchas de los que se asume acerca de los programas de apoyo militar. Ofrecemos en detalle la experiencia Colombiana, creando un modelo de evaluación, mostramos cuales datos son necesarios, y demostramos la importancia de ejercer evaluaciones después de proveer la ayuda, esto puede que sorprenda a los participantes, responsables de la elaboración de políticas públicas y críticos. Encontramos que es posible aumentar la recopilación de información y analices necesarias para evaluaciones como esta, que facilitaría estas evaluaciones.

Utilizando una base de datos de 5.763 ejecuciones y una extensa documentación de asistencia estadounidense a las Fuerzas Armadas Colombianas, se encontró una correlación positiva entre las unidades y oficiales que recibieron asistencia y capacitación Estadounidense, y las ejecuciones extrajudiciales cometidas. Un análisis estadístico de 1.821 ejecuciones, identificó unidades que recibían poco, medio, y alta cantidad de apoyo, se mostró, que las brigadas que recibieron apoyo medio, comparado con poco apoyo en materia de seguridad de los Estados Unidos muestran una correlación positiva de 10 ejecuciones más por brigada en los 2 primeros años después de la asistencia. Mientras el análisis no muestra que la ayuda de los EEUU específicamente causó o promocionó ejecuciones, pone en duda preconceptos que la asistencia de Estados Unidos promueve mejoras en la materia de los derechos humanos.

Las brigadas que recibieron altas cantidades de apoyo de los EEUU, al ser comparadas con los que recibieron poco apoyo, no mostraron una diferencia estadísticamente sólida  en el número de ejecuciones extrajudiciales cometidas. Es posible que las brigadas que recibieron altas cantidades de apoyo de los EEUU, como la brigada antinarcoticos, hayan sido sujetas a escrupulosas exámenes en su conducta en materia de derechos humanos en contraste con las unidades que recibían menos apoyo. La ambigüedad estadística también puede reflejar el pequeño número de unidades en la muestra de apoyo de alto nivel, o la dificultad en identificar las unidades responsables de las ejecuciones, especialmente en territorio de operación de unidades móviles; mucho de la apoyo de los EEUU se dirige a las brigadas móviles.

Para aprender lo extenso que se convirtió la práctica de “falsos-positivos”, se analizó la preponderancia de la práctica de ejecuciones extrajudiciales por las brigadas del ejército de Colombia. Encontramos que en el 2007, por lo menos 1 ejecución fue directamente atribuida a 99 de los 219 batallones de combate y brigadas móviles.  Identificamos 117 comandantes de brigadas y 184 comandantes de batallones y brigadas móviles, quienes estaban al mando de las brigadas o batallones identificados directamente como autores de una o mas ejecuciones extrajudiciales entre 2000 y 2010.

De ese análisis se plantea la pregunta sobre el papel de liderazgo militar y cultura institucional a dentro de las unidades problemáticas del ejército. Tres de los cinco comandantes de las  brigadas con el mayor número de ejecuciones documentadas por los soldados bajo su mando fueron promovidos al cargo de Comandante del Ejército, entre ellos el actual Comandante del Ejército, el General Jaime Lasprilla Villamizar. El General es el oficial en servicio activo con el mayor número de homicidios denunciados cometidos por soldados bajo su comando de la brigada, además ha recibido una formación estadounidense mucho más amplia que sus compañeros.

El suministro en capacidad de inteligencia y productos raramente es evaluado por su impacto en materia de derechos humanos. Encontramos un ejemplo de apoyo estadounidense a Colombia, apoyo en materia de inteligencia militar, que por sí sola, su capacitación no incide a la violación de derechos humanos, pero si desarrollo la capacidad de las unidades que adoptaron una estrategia militar que condujo a la práctica de ejecuciones extrajudiciales.

Al medir el impacto de la asistencia militar se deberían evaluar individualmente el desempeño de los oficiales que reciban mucha asistencia militar, y el rol desproporcional que tienen estos comandantes en la labor de las tropas bajo su mando. Estos oficiales y comandantes, después de recibir formación militar estadounidense, son transferidos a otras unidades que no reciben apoyo estadounidense, pero si sienten el impacto de este apoyo por el entrenamiento prestado a los oficiales.

El entrenamiento militar estadounidense, especialmente en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC), es prácticamente un paso indispensable para la promoción de un oficial del ejército colombiano. 48% -12 de los 25 instructores y graduados WHINSEC colombianos entre 2001 y 2003 de quienes tenemos información disponible, habían sido acusados de un grave delito o comandaban unidades cuyos miembros al parecer habían cometido múltiples asesinatos extrajudiciales. Una muestra aleatoria de 25 oficiales colombianos desde aproximadamente el mismo período mostró un historial de derechos humanos mejor que la cohorte con entrenamiento en WHINSEC,  se identificaron cuatro (16 %) que posteriormente estuvieron al mando de unidades responsables de múltiples ejecuciones extrajudiciales.

Posiblemente, Colombia en todo el país, tiene un problema sistemático en materia de derechos humanos, que se ve reflejado en el alto porcentaje de WHINSEC instructores y graduados involucrados en crímenes, como sugirió un oficial del ejército de los EEUU. Si es así, se plantea la pregunta, como se da la representación desproporcional de instructores Colombianos en WHINSEC o el patrocinio de entrenamiento colombiano para fuerzas de seguridad de otras naciones, contribuye a un incremento en cuanto a los derechos humanos.

El número de ejecuciones extrajudiciales en Colombia disminuyó drásticamente después del 2008. La evidencia indica que la presión de diversos grupos desde la sociedad civil, la prominente oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la voluntad de la población civil dentro del gobierno colombiano a comprometerse con el ejército sobre esta práctica, fue clave para cambiar el entorno institucional que sanciona las ejecuciones extrajudiciales.

Si reducir de la impunidad es importante para que baje la cantidad de incidentes de graves violaciones de derechos humanos, tenemos que considerar el papel clave que tiene los EEUU en dos reformas realizadas en el sistema jurídico de Colombia. Los EEUU dieron un gran apoyo material para la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, la cual hizo avances legales significantes en procesar ejecuciones en 2013 (aunque menos que 10% de las ejecuciones notificadas han llegado a un juicio). También los EEUU financio y promovió la implementación del nuevo sistema legal acusatorio, este ha tenido muy pocos resultados en procesar los responsables de las ejecuciones cometidas.

Mientras otros ramos de las fuerzas de seguridad de Colombia también han cometido violaciones, este informe se enfoca en el apoyo militar de los EEUU y las vulneraciones a los derechos humano cometidas por el ejército, que era un enfoque al apoyo que se ha identificado. Además, el  informe examina los “falsos-positivos” y apoyo de EEUU con mas detalle en varias regiones de  Colombia.

Esta evaluación requiere datos muy detallados sobre abusos de derechos humanos, asistencia de los EEUU, y de la estructura militar Colombiana y su liderazgo, que fueron compilados por agencias del gobierno estadounidense, organizaciones de derechos humanos y científicos particulares. Para una determinación mas eficaz, mas transparencia sobre quien recibe asistencia, cuanto y que tipo de ayuda recibe, con rastreos de la desempeño en materia de derechos humanos de estos recipientes es necesario.

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