El 10 de diciembre pasado, en un paradójico Día Internacional para los Derechos Humanos, nuestrxs voluntarixs acompañaban a lxs miembros de ASOTRACAMPO en el desalojo del Espacio Humanitario El Mirador, único terreno quedando de la finca El Tamarindo en Barranquilla.
Un año después del desalojo, ASOTRACAMPO sigue en condiciones de abandono completo
A pesar de la lucha incansable de lxs miembros y el acompañamiento político realizado por FOR Peace Presence, las 62 familias de ASOTRACAMPO siguen, un año después, en condiciones de extrema vulnerabilidad, completamente olvidadas por el Estado.
Las únicas ofertas de compensación han sido efectuadas por los particulares que reclamen esta tierra, interesados por el valor que adquirió después de que fuera declarada parte de la Zona Franca Internacional del Atlántico.
Esas familias, víctimas del conflicto armado, desplazadas por la violencia y campesinos vulnerables, no han recibido ni la menor atención de las instituciones del Estado colombiano, el mismo que busca construir la paz en Colombia a partir de un acuerdo firmado con las FARC.
Para lxs miembros de ASOTRACAMPO, la paz se construye también con una restitución efectiva de las víctimas y garantías de no repetición, que no pueden competir con intereses económicos.
Apoya a lxs miembros de ASOTRACAMPO en su lucha por la dignidad firmando esta carta de preocupación dirigida a entidades del Estado colombiano hasta el 10 de enero de 2017.
Juan Manuel Santos, Presidente de la República
Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos
Miguel Samper, Director de la Agencia Nacional de Tierras
Alan Jara, Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor Nacional del Pueblo
Juan Fernando Cristo, Ministro de Interior
Martes 10 de enero de 2017
Preocupación por el abandono estatal a ASOTRACAMPO, El Tamarindo, Barranquilla, un año después del desalojo
Excelentísimos señores y señora,
Por este medio quisiéramos manifestar nuestra profunda preocupación por la falta de atención estatal a los miembros de ASOTRACAMPO, Asociación de los Trabajadores del Campo, un año después del desalojo de la última franja de la finca El Tamarindo, el Espacio Humanitario El Mirador, ocurrido los 9, 10, 18 y 23 de diciembre de 2015. Ninguna institución estatal ha asumido su responsabilidad en el caso y hasta la fecha, las entidades estatales responsables (UARIV, Agencia Nacional de Tierras y Consejería Presidencial para los Derechos Humanos) no se han articulado de manera efectiva, exponiendo las 62 familias miembros de ASOTRACAMPO (52 de ellas registradas como víctimas del conflicto armado) a condiciones de completa vulnerabilidad. Las reuniones realizadas por iniciativa de ASOTRACAMPO con la UARIV, el INCODER y el Ministerio de Agricultura en mayo de 2016 y una reunión con la UARIV en Barranquilla en octubre de 2016 no han llevado a ningún resultado concreto de garantías de subsistencia y protección para las familias de ASOTRACAMPO.
ASOTRACAMPO, formado en 2012 por la población asentada en las 120 hectáreas de la finca El Tamarindo, Baranquilla desde 2000 con una propuesta colectiva de agricultura de subsistencia, ha enfrentado varias diligencias de desalojos, amenazas (panfletos y seguimiento entre otros), ataques, el asesinato del hijo del vice-presidente en el predio y cuatro desalojos (2012, 2013, 2014 y el último en diciembre de 2015). El predio despertó el interés económico de particulares de la zona, ya que en 2007 se creó la Zona Franca Internacional del Atlántico (Zofia) y el proyecto de la Ruta del Sol entre Barranquilla y Cartagena. El Tamarindo fue adoptado por Amnistía Internacional como un caso emblemático plasmado en su informe de noviembre de 2014 “Un título de propiedad no basta: por una restitución sostenible de tierras en Colombia”.
En tiempos de transición hacia una paz duradera, estamos extremamente indignados de que víctimas de múltiples desplazamientos por el conflicto armado y campesinos en condiciones vulnerables por las causas estructurales del conflicto de la distribución desigual de la tierra se hayan vuelto nuevamente víctimas de un despojo por intereses económicos, sin ninguna garantía de protección de sus derechos básicos por parte del Estado en todos sus niveles. El único otorgamiento de tierras fue por parte de particulares (10 hectáreas en el municipio de Luruaco, Bolívar) después del desalojo en diciembre de 2015.
Por lo consiguiente, instamos:
– al Presidente que asegure la coherencia entre la política de inversión económica y la restitución de las víctimas y las garantías de no repetición, previniendo y evitando que surjan nuevas víctimas de despojo por intereses económicos.
– a la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y al Ministerio del Interior que asuman de forma efectiva e inmediata su papel de articulación entre instituciones para garantizar la atención tanto a las víctimas como a las familias campesinas vulnerables.
– a la UARIV que trate el caso como prioritario, tal como prometido por Paula Gaviria, en su momento Directora de la UARIV, resolviendo la situación de reparación de cada una de las víctimas miembros de ASOTRACAMPO y teniendo en cuenta su propuesta de una reubicación colectiva.
– a la Agencia Nacional de Tierras, en estrecha articulación con la UARIV, que adjudique un terreno con suficientes lotes para las familias de ASOTRACAMPO que corresponda a las necesidades de familias campesinas para su subsistencia.
– a la Defensoría del Pueblo que vele por la protección de los derechos de la población a una reubicación digna y efectiva.
Quedamos a la espera de su seguimiento y respuesta.
Atentamente,
[Firmas]