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Escrito por Pendle Marshall-Hallmark, acompañante internacional de FOR Presente por la Paz, el 17 de febrero del 2017.
El día que llegué a Colombia para empezar mi nuevo trabajo como acompañante internacional, los cuerpos degollados y descompuestos de la lideresa afrocolombiana Emilsen Manyoma Mosquera y de su compañero Joe Javier Rodallega fueron encontrados en las afueras de Buenaventura. Unos días antes, la pareja había sido secuestrada por un grupo de personas supuestamente vinculado a uno de los grupos neoparamilitares narcotraficantes más importantes del país, llamado “Los Urabeños”.
Emilsen Manyoma Mosquera, lideresa reconocida de Buenaventura, fue captura y asesinada
Emilsen, una lideresa notoria de la organización CONPAZ que FOR Presente por la Paz ha acompañado en diferentes ocasiones, era una franca crítica del narco-paramilitarismo y de la corrupción estatal en la región. Habiá denunciado publicamente el vínculo entre las megaproyectos ligados al puerto de Buenaventura y el auge del narcotráfico y de la presencia neoparamilitar.
Las muertes de la pareja recibieron un eco internacional pero desafortunadamente, no eran tan sorprendentes. El número total de defensorxs de derechos humanos asesinadxs en Colombia en 2016 sigue siendo en debate pero, según el grupo Front Line Defenders, Colombia representó más del 30% de este tipo de asesinatos a través del mundo el año pasado. A pesar del Nobel de Paz entregado al Presidente Juan Manuel Santos para recompensar sus esfuerzos en cuanto a la negociación de un acuerdo de paz entre las FARC (el grupo guerrillero más importante y antiguo del país) y el gobierno colombiano, el número de amenazas de muerte y homicidos de defensorxs de derechos humanos sigue creciendo.
La razón de un tal incremento es compleja pero está sin duda (y paradojicamente) vinculada al proceso de paz. Cumpliendo con el acuerdo, las FARC acaban de abandonar su control sobre extensas partes del territorio nacional. Al retirarse, nuevos grupos armados como Los Urabeños están copando su lugar.
Acabo de regresar de un acompañamiento en Buenaventura, junto con dos otras acompañantes de FOR Presente por la Paz, una organización de acompañamiento internacional basada en Bogotá de la cual formo parte. FORPP busca brindar mayor visibilidad a la lucha para los derechos humanos en Colombia a través del acompañamiento tanto físico como político a defensorxs de derechos humanos.
Para este viaje, mis colegas y yo hemos recibido una petición de acompañamiento por parte de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) para apoyarles en el trabajo que desempeñan con líderes comunitarios que viven en lo que llamaron “Espacios Humanitarios”: lugares que han sido declarados neutrales, libres de violencia en una ciudad increíblemente inestable.
Espacio Humanitario Puente Nayero
Según un informe del 2015 de Human Rights Watch, Buenaventura tenía uno de los índices de desplazamiento forzado más alto de Colombia. La gran mayoría de los habitantes de esos Espacios Humanitarios han sido desplazados de comunidades afrocolombianas del Río Naya y Río Calima, corredores del narcotráfico estratégicos para los grupos interesados en transportar la coca desde el interior del país hacia el mercado internacional via el Pacífico.
De hecho, Emilsen Manyoma era justamente originaria de una comunidad afrocolombiana situada en el Río Calima. Según la Ley 70 del 1993, cada comunidad reconocida como afrocolombiana beneficia de una cierta autonomía política y territorial. En marzo de 2016, FORPP acompañó la ceremonia de titulación colectiva de las comunidades afrocolombianas asentadas en el Río Naya.
Durante años, las casas de pique de Buenaventura (lugares conocidos por ser sitios donde se realizaron desmembramientos humanos por grupos armados rivales) han perseguido los habitantes de las zonas de la ciudad más susceptibles de albergar megaproyectos. De la Comuna 1 a 4, donde un malecón está actualmente en construcción para impulsar el turismo en el área, los habitantes han luchado fuertemente para constituirse como Espacios Humanitarios, reconocidos por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de obligatorio cumplimiento por el gobierno colombiano. A la hora de escribir este artículo, una calle en particular (Puente Nayero) está recibiendo una presencia militar contínua en su entrada.
Mis colegas y yo habíamos originalmente planeado de acompañar a la CIJP en las preparaciones de la inauguración del centro cultural del Espacio Humanitario Puente Nayero, pero nuestra agenda ha rapidamente cambiado, justo antes de nuestra llegada.
En la noche del 10 de febrero, miembros de otra comunidad apoyada por la CIJP – el Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán del pueblo indígena Wounaan Nonam del Río Calima – fueron profundamente asustados por los sonidos de motores y desconocidos pasando por su caserío. Los habitantes eran seguros que esos botes pertenecían a actores armados vinculados al secuestro y las torturas a un miembro de la comunidad, que ocurrió una semana antes.
Resguardo Wounaan en el Río San Juan
Desde el 26 de enero, han estado fisicamente confinados por esos actores, prohibidos de salir del caserío para cultivar en el monte. Rapidamente en falta de alimentos y asustados por sus vidas, decidieron dejar todo atrás y huir hasta Buenaventura el 11 de febrero. Es la segunda vez que la comunidad tuvo que desplazarse dado que en 2010, fueron forzados a encontrar refugio en Buenaventura durante más de un año, bajo circunstancias similares.
Después de una noche de bus desde Bogotá, mis colegas y yo caminos desde el terminal de transporte hasta la Alcaldía de Buenaventura donde nos encontramos con la CIJP y alrededor de 30 personas desplazadas de la comunidad Wounaan Nonam. El grupo estaba esperando una respuesta por parte del gobierno local, pero el hecho de que fuera sábado lo hizo poco probable. Parecían agotadxs, y no tenían comida ni agua. Había madres acostadas parcialmente desnudas en las escalaras cementadas, algunas amamantando a sus niñxs, mientras transeúntes murmuraban desdeñosamente. Un hombre, aparentemente de un canal de noticias locales, empezó a tomar fotos y vídeos grabando al grupo.
Después de haber esperado por varias horas, una decisión fue tomada de desplazarse de las escalaras de la Alcaldía hacia la oficina de la Casa de Derechos de la Defensoría del Pueblo donde el grupo podía escapar del foco de atención. La mayoria descalzadxs, los miembros de la comunidad caminaron a través de las calles del centro de Buenaventura, llevando las pocas pertenencias que habían traído e ignorando las miradas de la multidumbre. El Gobernador del Resguardo y la CIJP pudieron finalmente trabajar en un plan con la Alcaldía para permitir a los habitantes de quedarse una noches en el Centro de Atención Juvenil de Buenaventura, un local con tuberías disfuncionales y unas aulas desarregladas y medio vacías cerca del principal hospital de la ciudad.
Pasamos el segundo día de nuestro acompañamiento al Centro de Atención Juvenil con la comunidad de Santa Rosa de Guayacán que intentaba organizarse. Los miembros restantes llegaron en la tarde desde el Río Calima, dejando el pueblo completa y oficialmente vacío. Improvisando un fogón de leña temporal en el rincón de una cancha de futból en cemento, la comunidad se demoró casi un día para preparar una comida suficiente para todxs (141 personas): una humilde pero deliciosa sopa de pescado con arroz.
Lxs niñxs se divertieron pintando una serie de imagenes representando su caserío, pero el Gobernador expresó su preocupación por los días de escuela que iban a faltar. También mencionó que la falta de espacio en el Centro impedía a la comunidad desarrollar rituales culturales importantes o de curar sus enfermedades con metódos tradicionales. Estaba preocupado por cómo su pueblo se iba a adaptar a tal albergue temporal.
Niñxs de Santa Rosa de Guayacán pintan casas de su resguardo en el Río Calima
En una reunión con la Policía regional el lunes, el Gobernador y la Coordinadora del Comité de Mujeres del Resguardo contaron el trauma de su desplazamiento. “Fuimos forzados tanto física como psicologicamente a salir de nuestras tierras” dijo el Gobernador. “Vamos a seguir luchando para nuestra supervivencia.” Ambxs líderes explicaron que lxs habitantes habían dejado atrás animales, ganado y paneles solares. Armada unicamente con bastones, la Guardia Indígena de la comunidad, que ha venido manteniendo una vigilancia de 24 horas del caserío desde el mencionado secuestro, era impotente frente a hombres con armas largas. Tragando su orgullo, todxs menos 5 adultxs, que se quedaron para esperar la lancha pública con unxs 30 niñxs, huyeron inmediatamente hacia Buenaventura.
Frente a oficiales de alto rango, la Coordinadora del Comité de Mujeres resaltó la importancia de una seguridad estatal y denunció la falta de vigilancia militar y policial en el Río Calima. “El gobierno dice que no hay actores armados en el río” dijo con ferocidad en su voz, “pero sí hay. Los hemos visto.” El Gobernador aseguró que los grupos guerrileros han sido reemplazados por neoparamilitares.
Poster en la entrada del albergue temporal
En nuestro último día de acompañamiento, varias organizaciones locales e internacionales de ayuda humanitaria (incluyendo Médicos sin Fronteras, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y el Comité Internacional de la Cruz Roja) hicieron su aparición. La comunidad de Santa Rosa de Guayacán sigue viviendo en el Centro Juvenil de Buenaventura, en un estado de crisis. Al escribir este artículo, ninguna captura había sido realizada en relación con su desplazamiento forzado.